Las antenas sin control

Una de las deudas pendientes de los legisladores es sancionar una norma que regule las emisoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes.

“Generar una nueva cultura de la transparencia”, citaba como uno de sus objetivos Mauricio Macri el día de su asunción en la Legislatura. En tanto, el entonces presidente del cuerpo, Santiago De Estrada, afirmaba en ocasión de la entrega de los Premios Parlamentario 2007 que “el Parlamento es una institución bastante vapuleada, pero que con sus luces y sombras representa la más genuina forma de representación política ciudadana”.

El objetivo de la nueva conducción de la ciudad de Buenos Aires es, por lo menos en los dichos, mejorar la transparencia y calidad institucional. Pero, según pudo comprobar Parlamentario, el Poder Legislativo continúa en deuda con la ciudadanía. Innumerables proyectos de real envergadura quedaron en trámite de “tratamiento” durante el período ordinario de sesiones finalizado el pasado 14 de diciembre.

Pero en esta ocasión nos ocuparemos sólo de uno de los temas que quedaron en el “tintero”. En esa agenda sobresale, sin la menor duda, el proyecto de ley que entiende sobre la Regulación y Control de Antenas Emisoras de Señales de Radiofrecuencia, en la ciudad de Buenos Aires. Presentado con un consenso unánime de los integrantes de la comisión que entiende en el tema, quedó postergado su tratamiento en el recinto, para mejor oportunidad.

La norma está direccionada a ejercer la regulación y control de antenas emisoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, y su autor es el ex legislador Mario Morando (PRO).

Cabe señalar que Morando también fue el autor del proyecto del ley que establecía el soterramiento total del cableado aéreo existente en la ciudad en virtud de que “ha quedado en evidencia que se encuentran vencidos los plazos para que las empresas que comercializan televisión por cable eliminen la antigua instalación por posteado -incluso los de madera- para ser reemplazada por instalación subterránea o bien conexiones por pulmón de manzana (Ordenanza 48.899)”, el cual terminó amalgamándose con un proyecto enviado por el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y se convirtió en la ley Nº 1877 de “Regulación para la Instalación de Redes de Televisión por Cable”, que vino a suplantar a la norma municipal, cuya vigencia estaba ampliamente vencida.

Este cambio, según se denunció en aquel entonces, “permitió que, de un plumazo, las empresas multimedios ahorrarán -según se estimaba- un monto de 300 millones de pesos, a costa de la calidad ambiental de los porteños”.

En este caso se trata de una norma que la Comisión de Legislación sobre Regulación de Antenas Emisoras de Señales de Radiofrecuencia y sus Estructuras Portantes, creada mediante la ley 1.991, analizó e hizo suya y cuyo objeto es la regulación y control de las estaciones radioeléctricas utilizadas para la transmisión de señales de telefonía celular, las radios AM y FM, los enlaces radiotaxis y servicios de radioaficionados, televisión, sistemas complementarios de radiodifusión y transporte, comunicaciones móviles, que utilizan el espectro radioeléctrico de la ciudad de Buenos Aires.

Por el medio ambiente

La norma tiene como objeto central el control y prevención de la contaminación, la protección contra radiaciones no ionizantes y convoca, asimismo, a coordinar procedimientos uniformes entre los organismos nacionales y locales en materia de seguridad. Pare ello, la ley plantea la necesidad de realizar evaluaciones de las radiaciones que emiten las instalaciones radioeléctricas y sus antenas, permisos de construcción e instalación de antenas, con la finalidad de “evitar daños a la salud, prevenir y minimizar la contaminación visual y electromagnética, además de proteger el medio ambiente de la ciudad”.

La ley preveía también la creación de un Registro Público de Antenas y Estructuras Portantes, en el que deberían inscribirse los interesados en un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la normativa. Se establece, además, la inscripción en el mismo de todas las antenas y sus estructuras portantes instaladas y las que en el futuro se instalen, y estatuye que para hacer efectivo el registro de toda persona física o jurídica, pública o privada, propietario y/o responsable de las mencionadas estaciones radioeléctricas, deberá presentar certificados de impacto ambiental original -el que deberá renovarse cada dos años- y la aprobación técnica de la estructura metálica y electromecánica.

Cabe destacar que la Comisión de Legislación sobre Regulación de Antenas mantuvo reuniones sistemáticas con la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), la que “representa -según lo enuncia en su portal de Internet- activamente a las empresas comerciales e industriales proveedoras de productos y servicios de informática y telecomunicaciones, promoviendo su crecimiento y el bienestar económico y social del país”, pero dicha organización empresarial se retiró de las conversaciones a raíz de no acordar posturas con la comisión parlamentaria que presidía el ex legislador Mario Morando.

A partir de aquellas diferencias, Cicomra se apartó de las conversaciones que se mantenían en búsqueda de consensos y elaboró e hizo público un documento crítico respecto de la norma en elaboración, arguyendo que la temática que los ocupaba hasta ese momento contaba con “legislación adecuada”, en todo el ámbito del territorio nacional. Y dio el portazo.

Al respecto es bueno recordar algunos conceptos vertidos por el titular de Cicomra, Norberto Capellán, quien anunciaba -si bien aún no se conocen las cifras del presente año- en oportunidad de realizarse la Expo Comm Argentina que “nuestro sector crecerá a razón del 20% anual, alcanzando un volumen de facturación estimado en $ 27.800 millones de pesos”, y remarcaba “la cantidad de personal empleado por la industria en su conjunto ha aumentado, alcanzando la cifra de más de 70.000 personas empleadas directamente y más de 110.000 empleadas en forma indirecta, y esto es sin considerar aquellas personas que, trabajando en tecnología, forman parte de empresas dedicadas a otras actividades”.

Pero Capellán abundaba más aún: “Hoy tenemos en nuestro país más de 27 millones de clientes, es decir alrededor del 70% de la población de la Argentina, de toda edad o clase social, que ha convertido este servicio en irremplazable”. A continuación detalló que las empresas que adhieren a la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina “han continuado su soporte a esta demanda con importantes inversiones en infraestructura, que en este año alcanzarán los 1.800 millones de pesos”.

Pero el titular de Cicomra también tiene quejas -lo que explica el alejamiento de la Cámara de la mesa diálogo con los legisladores porteños- y expresó que “desafortunadamente, las dificultades para el despliegue de esta infraestructura, básicamente antenas, han continuado durante este año”, para luego fundamentar su queja en cuanto a que “es importante destacar que en el país existen normas concretas que regulan la instalación de antenas en lo que se refiere al tema de las radiaciones no ionizantes” y graficó al respecto que “la telefonía móvil, que todos los meses muestra su pujante crecimiento en los índices del Indec continuará desarrollándose en la medida, en que se permita seguir invirtiendo e instalando antenas, sin las cuales es imposible brindar el servicio”.

Son evidentes las contradicciones existentes entre el espíritu de la norma pergeñada por la comisión que presidía el ex legislador macrista Mario Morando y las fundamentaciones esgrimidas por la Cámara de Informática y Comunicaciones, enunciadas por su titular, Norberto Capellán.

Es de esperar que en el próximo período legislativo no prime el temor a enfrentarse con quienes detentan el monopolio comunicacional en la ciudad y el Parlamento porteño legisle en beneficio del bien común general. Todo sea por la transparencia y calidad institucional.

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