La ley de beneficios a inversores que impulsa el ministro de Economía será aprobada pero con un cambio poco grato para el titular de la cartera de Hacienda. La iniciativa vuelve al Senado.
La Cámara baja aprobó por 154 votos a favor y 54 en contra, este jueves la iniciativa que ya fue aprobada hace dos semanas por el Senado, que prevé beneficios a los capitales destinados a bienes, actividad industrial y obras de infraestructura.
El miembro informante del oficialismo, titular de la Comisión de Presupuesto, Walter Agosto, definió que esta ley logra que luego de varias décadas “la formación de capital y la contratación de mano de obra fuera de la mano por primera vez”.
“Para que haya crecimiento debe haber inversiones de diversos sectores del mercado”, justificó el diputado.
Sobre el cambio de autoridad de aplicación, Agosto explicó que “estamos ante una ley que implica una diversidad de temática porque intervienen diversas áreas y no solo los ministerios de Planificación y de Economía, sino también el de Medio Ambiente”.
La Coalición Cívica acompañó el dictámen de minoria y no apoyó la iniciativa del Ejecutivo.
Desde el PRO, el diputado Luis Galvalisi afirmó que “estamos de acuerdo con este tipo de políticos de incentivo a las inversiones, pero no con el mecanismo elegido a través de esta ley. Es una norma poco transparente y no se busca beneficiar al pequeño y mediano empresario. Se necesitan normas más explicitas y menos discrecionales”.
Asimismo, la UCR rechazó la iniciativa. Pero el jefe de bloque del FpV, Agustín Rossi, defendió la iniciativa. Dijo que “esta ley tiene costo fiscal cero, solo tiene un costo financiero que lo recuperá tras el paso de los años”.
La iniciativa girada por el Senado fue modificada por los diputados, por lo que volverá a la Cámara alta para su sanción definitiva.
Los senadores deberán ratificar o rechazar la variante introducida por Diputados, aunque seguramente respetarán el texto aprobado por la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que refleja la redacción original girada por el Poder Ejecutivo.
Ese cambio tiene que ver específicamente con la autoridad de aplicación de la norma, que quedará a criterio del Poder Ejecutivo, en lugar de ser el Ministerio de Economía, tal como figuraba en el proyecto votado por el Senado.
A raíz de esta modificación, los tiempos estimados originalmente por las autoridades parlamentarias se ven alterados, y la idea de que el proyecto sea aprobado antes del 1 de marzo será imposible.
El Senado aprobó el proyecto tras una visita que realizó el ministro de Economía, Martín Lousteau, para explicar sus alcances. El instrumento principal de la norma es la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a los bienes de capital u obras de infraestructura (en marcha hasta septiembre de 2010), o bien, como alternativa, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias.
Las empresas que procuren el beneficio deberán acreditar la creación genuina de fuentes de trabajo y la iniciativa aclara además que no se podrán obtener los dos beneficios juntos en un mismo proyecto, salvo que éste se destine en su totalidad a la exportación.
Habrá un incentivo adicional para aquellos proyectos que se enmarquen dentro de un plan de producción limpia o de reconversión industrial, dentro de su carácter principal.
Una norma de estas características había sido solicitada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y se complementa con el pedido para poder acceder a créditos de mediano y largo plazo. El cupo fiscal anual que establece el proyecto es de mil millones de pesos y será el Poder Ejecutivo el que elija los proyectos beneficiados.
