El diputado nacional Miguel Barrios presentó una iniciativa que, contemplando la reforma constitucional de 1994, apunta impedir que condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad pretendan ser postulantes a cargos políticos, como ya ocurrió por ejemplo en los casos Bussi y Patti.

El diputado nacional Miguel Barrios (Partido Socialista-Santa Fe) presentó un proyecto de ley por el cual se modificaría el Código Electoral Nacional, estableciendo el impedimento de candidaturas a condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad.

En un solo artículo, la iniciativa del legislador socialista propone incorporar como artículo 60 bis, dentro del Capítulo III. Oficialización de las listas de candidatos, del Código Electoral Nacional Ley 19945, el siguiente texto: “Art. 60 bis.- Inhabilitación de candidaturas: Las listas de candidatos que presenten los Partidos Políticos, no estarán integradas por quienes se encuentren condenados por crímenes de lesa humanidad. La inhabilitación se extiende a los procesados por dichos crímenes por el tiempo que dure el procesamiento. Dicha medida cesará de pleno derecho con el dictado de la sentencia absolutoria y en caso que la misma fuera condenatoria, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con lo dispuesto en el presente artículo”.

Con esas pocas palabras, se lograría zanjar la discusión político judicial que se generó, por ejemplo, con los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti. Vale recordar que el 13 de julio de 2007, en referencia al caso Bussi, la Corte Suprema de nuestro país concluyó que el Congreso no puede negarse a tomarle juramento a un legislador electo.

Por eso, Barrios argumentó sobre “la premura de establecer criterios objetivos, que comprendan como requisito para ser candidato no estar procesado y menos aún condenado por un crimen de lesa humanidad”. Sería “un avance importante en este ańo que se cumple un cuarto de siglo de la recuperación democrática”, destacó el legislador santafesino.

El diputado socialista enfatizó: “Esto no es poética política sino legalidad operativa derivada de la nueva Constitución Argentina”. Y fundamentó su presentación dando cuenta que “la reforma constitucional de 1994, en sus artículos 36 y 75 (inciso 22) fulmina la posibilidad de que autores o partícipes de actos atentatorios contra la democracia y la vigencia de los derechos humanos puedan ejercer cargos públicos”.

Este proyecto además de ser apoyado por todo el Bloque Socialista de la Cámara Baja es acompańado por diputados/as de los bloques: ARI Autónomo, Memoria y Democracia, Coalición Cívica, ARI, GEN, UPT, entre otros.