Se abrió un cuarto intermedio en la resolución respecto al sucesor de Francisco Mugnolo. Qué dice el informe polémico que desencadenó la modificación.
La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo resolvió abrir un compás de espera de dos semanas para definir la manera como elegirán al futuro titular de la Procuración Penitenciaria.
Para elegir el mecanismo como se designará al sucesor de Francisco Mugnolo se realizó en el Congreso una reunión de la comisión que preside la senadora santafesina Roxana Latorre. En ese marco se analizó la propuesta oficial de designar como procuradora a la defensora oficial Silvia Martínez, y a Raquel Gass como su adjunta.
La decisión del reemplazo del Mugnolo, un funcionario de origen radical que viene de la época de De la Rúa, se adoptó luego de que se difundiera públicamente un informe elaborado por el procurador, en el que se señala que el 63 por ciento de los internos en cárceles federales había sido objeto de “torturas o maltrato físico”.
La postergación en el tema se tomó, según pudo saberse, a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió que el nombramiento se realice luego de “un trámite participativo que garantice la idoneidad del candidato o candidata y su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los detenidos”.
Según la ley, el procurador debe ser nombrado por el Congreso, pero hasta ahora esa norma nunca se aplicó, y en el cargo siguió Mugnolo.
No quedó claro en la reunión qué mecanismo había que aplicar, por lo que -ante la presentación del CELS- los legisladores resolvieron tomarse dos semanas para resolverlo.
“El ciclo de Mugnolo está cumplido”, puntualizó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, quien puso énfasis en afirmar que “no hay persecución política en su contra, ni nada por el estilo.
Mugnolo fustigó en especial al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, al sostener que en su cartera han puesto trabas para que los auditores de su organismo entren a las cárceles.
Precisamente Mugnolo presentó este martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el Informe General de la investigación sobre Torturas y Malos Tratos en Cárceles Federales desarrollada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el año 2007.
La investigación se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007 y para el estudio se realizó una encuesta a 939 personas, un número que representa el 10 por ciento del total de la población de todo el SPF. Las entrevistas se hicieron en la Unidades 2 de Devoto; 3 y 31 de Ezeiza; 24 de Marcos Paz; en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz; y en las cárceles de máxima seguridad del interior del país: las unidades 6 de Rawson-Chubut, 9 de Neuquén, y 7 de Chaco.
Las preguntas apuntaron a: requisa personal, sanción de aislamiento y golpes.
El informe señala textualmente, entre otras cosas, lo siguiente:
La Procuración entiende que las dos primeras aparecen legitimadas en los establecimientos como parte del abanico de acciones del personal penitenciario, pero encubren prácticas violentas, vejatorias y degradantes. Las agresiones físicas, que son sistemáticas, son abiertamente violatorias de los derechos humanos. Los detenidos más jóvenes son las víctimas preferidas para las prácticas violentas.
Requisa personal Se practica en todas las prisiones con variantes y los blancos predilectos son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años. El 83 por ciento de los presos consultados fue obligado a exponer su cuerpo completamente desnudo; un 24,8 por ciento habló de una modalidad más humillante todavía: desnudo con flexiones para revisarles los genitales. Un 46,7 por ciento enfrentó también desnudos parciales y cacheos, un 76,6 por ciento. Estos últimos casos se elevan en las mujeres a 72,2 y 84,1 por ciento, respectivamente. El mayor despliegue de estos métodos se registra en los penales de Ezeiza, Neuquén y Rawson.
Aislamiento. El aislamiento individual es la sanción penitenciaria permanente por excelencia según los registros de los últimos diez años de la Procuración. Los presos son llevados a celdas especiales, sitios o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Un 28 por ciento de las personas encarceladas ha sido víctima de este tipo de sanción: la proporción por sexo es tres de cada 10 varones y uno de cada 10 mujeres. El estudio detectó también que los condenados reciben esta sanción en mayor proporción que los procesados. El Complejo I de Ezeiza bate records en este rubro: el aislamiento se aplica a tres de cada 10 personas y en el modulo de jóvenes adultos (de 18 a 21 años) cinco de cada 10 pasan por este castigo.
Golpes. El 63,4 por ciento de todos los entrevistados dijo haber sufrido distintos tipos de agresiones físicas. Un 58,8 por ciento se refirió directamente a golpes (con palos, puños, patadas, empujones). Según surge de la investigación, la mayor violencia física directa se despliega contra los varones y, otra vez, los jóvenes son los preferidos. Solo 5,7 por ciento de las mujeres dijo haber recibido golpes o ataques similares. El módulo de jóvenes del penal de Ezeiza aparece, nuevamente, como el que hace el mayor uso de esta practica: ahí el 85 por ciento de los detenidos (8 de cada 10) reveló maltrato físico. Los porcentajes también son altos en Neuquén, Rawson y Chaco.
Lesiones. El 37,7 por ciento de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones (terminan con marcas y heridas en el cuerpo), lo que demostraría la utilización de un alto grado de violencia. La mayoría de las mujeres agredidas quedó con heridas. El informe concluye que tres de cada 10 personas, cuando fueron golpeadas resultaron lastimadas.
