Un proyecto de ley provincial que dispone retenciones sobre la actividad minera para ser destinadas a la educación y la capacitación dentro del mismo sector, está siendo estudiada en la Legislatura de San Juan.
La iniciativa cuenta con grandes posibilidades de ser aprobada por la Legislatura provincial porque la impulsa el oficialismo, que cuenta con mayoría propia en el recinto deliberativo.
La norma es autoría del presidente del bloque de diputados del justicialismo, Daniel Tomas, y se trata de la creación de un fondo para promocionar la minería desde la educación, reteniendo un porcentaje del total facturado por las empresas mineras y los proveedores de las mismas, con lo que se calcula reunir alrededor de 3,5 millones de pesos al año.
Según el autor del proyecto, “la Ley crea un fondo especial cuyo destino será el de capacitación de personal, educación sobre el tema minero, capacitación para la divulgación de la actividad en San Juan, promisión de actividades sociales, deportivas y culturales vinculadas con la minería”.
El diputado Tomas aclaró que “este proyecto fue charlado y consensuado con la Cámara Minera, con la Cámara de Proveedores y con la Secretaría de Minería”, de quienes no recibió oposición “porque tendrá la finalidad promover la actividad”.
La minería de San Juan tiene ya varias vías por las que vuelca sobre la comunidad beneficios económicos y sociales conocidos como “el derrame”, que según Tomas, “en definitiva lo producido por la actividad minera se vuelca en esto”.
La iniciativa plantea que se cobre el 0,4 por mil, es decir cuarenta centavos por cada mil pesos facturados por las empresas y proveedores mineros y establece que las empresas mineras, que son agentes de retención de impuestos provinciales, podrán retenerles el 0,4 por ciento de lo facturado a cada uno de sus proveedores para enviarlo al fondo específico.
Tomas dijo que “según los cálculos, entendemos que al a[o este mecanismo podría llegar a recaudar unos tres millones y medio de pesos, casi cuatro, con los que se realizarían todas las actividades que entendemos son necesarias materializar”, manifestó.
La autoridad de aplicación para esta ley sería la Secretaría de Estado de Minería, con acuerdo de las cámaras del sector, quienes según el proyecto “tendrán la responsabilidad de aconsejar a la Secretaría el destino de los fondos, pero no con carácter decisorio, pero sí de forma consultiva”, dijo finalmente el diputado.
