Entre las tantas cosas que dejó el tratamiento del proyecto sobre retenciones móviles en el Parlamento hubo una que despertó críticas sobre todo de parte del propio Gobierno, porque terminaron afectándolo en el resultado. Ero la cuestión fue recogida por la oposición, que impulsa un proyecto sobre el tema.

Estamos hablando del senador radical Gerardo Morales, el del SI, diputado Eduardo Macaluse; la directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso, y el abogado Ricardo Monner Sans, quienes buscan impulsar un proyecto que justamente ataque lo que se denomina “conflicto de intereses”.

Ponen hincapié en donde consideran que hay un vacío legal, respecto a los beneficios personales que un legislador podría obtener al votar una ley que se relacione con sus actividades.

Precisamente en el tema de las retenciones, hubo varios legisladores que debieron votar sobre un tema que los alcanzaba, por ser propietarios de tierras, productores, o incluso dueños de empresas involucradas, como el caso del senador Roberto Urquía.

De todas maneras, esta cuestión deja espacio a la discusión, ya que el fiscal Garrido estimó que la norma que se discutió en ambas cámaras y finalmente fue rechazada tenía “carácter general”. De ahí que piense que no se incurrió en ninguna infracción durante la votación.

Monner Sans, por su parte, estimó que debería ser un juez quien analice y determine si hubo o no delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. A su juicio, el artículo 2 de la ley de Etica Pública indica que “deben abstenerse de intervenir” los legisladores que posean intereses personales detrás de los proyectos de ley.

En el caso de Macaluse, el diputado piensa que algunos legisladores incurrieron en una “falta ética”, y le apuntó directamente al cordobés Urquía, quien posee intereses en el mercado del aceite. Eso sí, aclaró que el proyecto no pretende convertirse en un obstáculo para eventuales diputados como Alfredo de Angeli o Hugo Moyano, que llegarían al Congreso para votar en favor de sus representaciones sociales.

Por su parte, el titular del radicalismo se comprometió a trabajar en la constitución de la Comisión Nacional de Etica Pública, creada por la ley 25.118 hace 10 años.