Tras la masacre de Campana apareció el pedido de jury al juez de Garantías Nicolás Schiavo, que había concedido el arresto domiciliario a Jesús Fernández, presunto autor del cuádruple crimen. Ahora, el flamante sistema de enjuiciamiento de magistrados, que rige en la provincia de Buenos Aires, tendrá su bautismo de fuego ante la mirada de la opinión pública.

Luego de varias batallas infructuosas, “los políticos” festejaron cuando lograron “arrancar” de la órbita de la Suprema Corte de Justicia bonaerense la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. También festejaron cuando, en diciembre del 2007, el Senado concretó las principales designaciones que recayeron en Ulises Giménez por la mayoría y Carlos Martín por minoría, secretario y prosecretario de la mencionada secretaría. Y fue precisamente a partir de aquel mes del 2007 que la Suprema Corte dejó de instruir en los procesos de jury para magistrados.

Así las cosas, la Provincia cuenta con dos organismos bien diferenciados en lo que atiende, por un lado, con la nominación de magistrados que se realiza a través del Consejo de la Magistratura y, por otro, donde eventualmente los magistrados pueden ser destituidos, el Sistema de Enjuiciamiento.

La aclaración es más que oportuna porque operadores del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, salieron rápidamente ha impulsar “un jury en el Consejo de la Magistratura” a través de una espada legislativa de la Cámara baja que integra en ese organismo el diputado del FpV/PJ Guido Lorenzino.

Dicho legislador, una vez lanzado, ya no paró más y fue hasta donde podía: una presentación particular ante la secretaria permanente del Sistema de Enjuiciamiento de Magistrados.

Lo lógico, señalan los especialistas, es que la presentación hubiera sido presentada por la Comisión Bicameral, organismo que forma parte del Sistema de jury, integrada por 7 diputados y cuatro senadores, donde resta aún definir en el Senado el representante de la oposición. Pero en la Legislatura nadie tuvo la prisa del diputado sciolista.
Si bien el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado del FpV/PJ Alfredo Antonuccio, manifestó públicamente su respaldo a la presentación de Lorenzino, al mismo tiempo recordó que la Bicameral tiene previsto reunirse el “jueves 14, a las 14”.

Mientras tanto, los movimientos en el Poder Ejecutivo fueron realizando un pequeño giro. La primera reacción allí fue la verbalizada por el joven legislador Lorenzino, cuya título principal fue “Schiavo puso en riesgo a la sociedad bonaerense”.

Horas después el propio ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, reconocía que “detectó 22 casos de prisión morigerada” y detalló que esos 22 casos corresponden a “14 violaciones, y otros casos por homicidios en ocasión de robo, homicidio doble, promoción de la prostitución a menores de 15 años y una tortura seguida de muerte”, delito este último del cual afirmó que “no existe explicación de por qué tiene arresto domiciliario”.

A continuación, apareció el propio gobernador Scioli con el clásico “desde hace dos meses que me reúno con diputados y senadores para acordar sobre la necesidad de cambios en el Código y tengo confianza en que la van a aprobar”.

Cabe recordar, que el proyecto está en la Legislatura desde febrero de este año, pero hasta estos días permanecía “como borrador”. Dicho de otro modo, todavía el proyecto no adquirió “estado parlamentario” para ser debatido en comisiones.

El ministro Casal dio detalles de las declaraciones porteñas del gobernador, en la capital provincial. Dijo que a partir de las evaluaciones concretadas en las últimas horas, se motivará la incorporación “dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que estamos lanzando la semana que viene, medidas restrictivas a estos beneficios extraordinarios”.