“La verdadera inseguridad para las mujeres es el propio hogar, más que la calle”, recordó la diputada Marcela Rodríguez, al presentó un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez presentó nuevamente un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a las víctimas. “Las mujeres tienen más posibilidades de ser asesinadas o de sufrir ataques a su integridad personal por cónyuges, familiares y compañeros que por desconocidos. La verdadera inseguridad para ellas es el propio hogar, más que la calle”, aseguró Rodríguez.
Ante la falta de voluntad del Congreso de la Nación de fijar políticas publicas en defensa de los derechos de las mujeres, este proyecto de ley se vuelve a presentar aunque ya tiene sus antecedentes en proyectos propuestos en el 2002, 2004 y 2006 ; y a pesar de que en el 2006 obtuvo la aprobación de la Comisión de Familia, nunca fue tratado en el recinto.
“A través del proyecto se diseñan las políticas, planes y servicios para atender cuestiones de violencia de género que tengan lugar en el ámbito familiar y en cualquier otra relación interpersonal –ya sea violencia física, sexual, psicológica, emocional o económica. El proyecto contempla una definición amplia e inclusiva de violencia familiar, se establecen con claridad las obligaciones de los organismos estatales, se garantiza la atención integral a la víctima, y se regula el procedimiento a seguir en los casos concretos, estableciendo una serie de medidas de protección para las victimas, sus familiares y allegados, garantizando el derecho de acceso a la justicia”, explicó la diputada Marcela Rodríguez.
El proyecto propone un programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y Asistencia a las víctimas, cuyo propósito es adoptar todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de los instrumentos jurídicos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
“Creo que el Estado no ha asumido la responsabilidad que le cabe y no ha adoptado las medidas necesarias destinadas a revertir esta situación”, agregó Rodríguez. “Esta iniciativa pretende cubrir este vacío, actualizar la legislación vigente y adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho internacional”.
