Envalentonado por la decisión de la Justicia de primera instancia que dictó su sobreseimiento –aunque por cuestiones de forma que deberá ratificar ahora el Tribunal de alzada-, el destituido intendente de Pinamar, Roberto Porreti, le apuntó ahora a los fiscales que lo acusan en sede penal, reclamando ante la Comisión Bicameral de Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios judiciales de la Legislatura un “juicio político” por presunto mal desempeño de sus funciones.

La presentación, involucra a las titulares de la Unidad Fiscal que substancia la investigación del delito de presunta extorsión que se le imputa, María Fernanda Hachman y Lis Grisel Berestolli; y al fiscal General de Dolores, Luis Defelitto.

En términos reales, el pedido de juicio político que presentó Porretti contra los fiscales se reduce a una acusación formal que, ahora, deberá profundizar esa Bicameral para determinar si los argumentos son válidos para promover la remoción de agentes fiscales, o directamente si la desecha por infundada.

Presidido por el diputado provincial del FpV Alfredo Antonuccio, el cuerpo legislativo está integrado, además, por seis diputados y cinco senadores, aunque resta definir un cuarto representante de la Cámara Alta provincial, que podría ocupar la oposición. La completan, Juan Garivoto; Alberto Delgado; María Elena González; Valeria Amendolara; Horacio De Simone y Juan José Cavallari, por Diputados y Patricio García; Raúl Torres; Enrique Salzman, Stella Prunotto y Andrés Antedoménico por el Senado.

Es la misma comisión que desde principio de esta semana empezó a trabajar el caso del polémico Juez Nicolás Schiavo, el magistrado que le permitió a Angel Fernández, el presunto autor del cuádruple crimen de Campana, permanecer en prisión “en su domicilio” monitoreado por una pulsera magnética. Dato: No recibió –aún- esa comisión otra acusación contra Schiavo de parte de Jorge Macri, pese a que el legislador del PRO anunció públicamente que impulsaría una denuncia en su contra.