Luego de los trabajos de “inteligencia” que el Gobierno de la Ciudad ordenó al arquitecto Juan Carlos Poli para que, disfrazado de fumigador, constatara la infraestructura de las viviendas en la Villa 31 y 31 bis y de judicializar esta problemática para pedir, explícitamente, el desalojo y la demolición de las viviendas; ahora el gobierno se apresta a demoler y desalojar en principio 50 viviendas en “peligro inminente”.

Ante esta situación y ante la negativa del gobierno de la ciudad de dialogar y entablar una discusión participativa con los vecinos y vecinas del barrio, un conjunto de habitantes de la Villa se movilizaron y se concentraron para rechazar el autoritarismo y la falta de respuestas a los problemas habitacionales que padece esta villa.

El gobierno hace uso de las viejas prácticas que en los 70 primaron en la última dictadura militar: Con topadora, “servicios de inteligencia” y amenazas, se pretende “resolver” un problema habitacional que va más allá de cincuenta casas en “peligro de derrumbe”, evidenciando cómo el macrismo trata las problemáticas sociales.

De esta forma el gobierno local plantea, con este accionar, un modelo de ciudad específico. La incapacidad para diseñar un plan de urbanización democrático, participativo e integrador en las villas de la Ciudad, genera en el diseño macrista una situación de precariedad, violencia y arbitrariedad que no soluciona el problema y lo vuelve, por cierto, endémico, vulnerando todos los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes de Buenos Aires.

Frente a la emergencia habitacional, social y económica que viven miles de personas, familias enteras se ven obligadas a pagar desde 600 a 800 pesos por una habitación precaria, sin luz, agua corriente ni baños higiénicos. Por otra parte, la falta de empleo, la imposibilidad de un ingreso mínimo también generan en la construcción indiscriminada un modo de subsistencia. Mientras tanto, en vez de dialogar con quienes sin duda alguna no eligen vivir como lo hacen, el gobierno impone la ley del más fuerte frente a los más vulnerables.

El actual gobierno desconoce esta situación. Por ello es alarmante que lejos de generar políticas sociales activas, haya vetado la ley de emergencia habitacional –votada en la última sesión de la Legislatura porteña- dejando en el desamparo a miles de familias que no pueden ejercer su derecho a vivir en la Ciudad.

¿Cómo puede negarse la emergencia habitacional cuando está a la vista la situación judicial y administrativa por la que atraviesa la población de las Villa 31 y 31bis sin existir una solución seria planteada desde el Gobierno? ¿Cómo piensa resolver el Gobierno de Macri-Michetti la situación planteada con las 880 familias que habitan en el Parque Roca, luego de que, recientemente la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo ordenó el inmediato desalojo de este Centro de Evacuados y la re-localización de sus habitantes en condiciones dignas, por no contar en dicho centro del estado con las mínimas condiciones de habitabilidad?

Por otra parte, el Ejecutivo sigue ordenando, parafraseando al Jefe de Gabinete: “despacito, despacito y en silencio” desalojos en la ex traza AU3 aún cuando ya existe un fallo en primera instancia que declara inconstitucional y solicita una resolución habitacional definitiva.

Desde la Legislatura, conocemos esta realidad porque a diario trabajamos por la solución de un problema complejo como es el de la vivienda. El Gobierno, mientras tanto, conoce hasta ahora una solución única: el desalojo con un subsidio económico que sólo permite dilatar el conflicto unos meses, quizás unos años…hasta que la familia agote el dinero en hoteles inhabitables y en una vida sin agua, sin luz y sin seguridad en una villa inhóspita de la ciudad más rica del país.

Liliana Parada es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque Igualdad Social-SI)