Una de las tantas deudas pendiente de larga data que tiene el Congreso nacional es actualizar la ley que regula los honorarios de los abogados y procuradores. Esta deuda afecta tanto a los profesionales del derecho como para aquellos que recurren a sus servicios.

Desde 2004, el peronismo puntano presenta en el Senado un proyecto de ley con este objetivo, pero siempre ha perdido estado parlamentario y nunca fue ni siquiera debatido en comisión.

Sin embargo, la senadora del PJ disidente Liliana Negre de Alonso vuelve a insistir con esta iniciativa. “Luego de un largo proceso de estudio, elaboración y debate de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales se ha elaborado este proyecto para determinar en forma objetiva, fundada y metódicamente las retribuciones y honorarios de dichos profesionales”, comenta la legisladora por San Luis.

Dicho proyecto cuenta con 62 artículos y entre las modificaciones que se proponen a la Ley de Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores, se encuentra la reforma propuesta al artículo 2º, que tiende a enmendar una deficiente redacción del texto que ha permitido que algunos tribunales consideren que, cuando el condenado en costas es el contrario, si éste no abona los honorarios regulados, el abogado contratado a remuneración fija puede reclamarlos a su cliente.

También se agrega al texto actual la concreta conceptualización de que el honorario reviste carácter alimentario.

Se extiende la posibilidad de celebrar pacto de cuota litis en asuntos previsionales, alimentos y de familia. La práctica ha demostrado que, no obstante la actual prohibición, dichos acuerdos se realizan a diario por ser la manera mas práctica y conveniente que tienen determinados clientes de pocos recursos de conseguir un abogado para su litigio y de no adeudar suma alguna si no prospera la reclamación.

En el caso de la prohibición de pactos vinculados con la duración del proceso que establece el artículo 4º actual se limita a pactos vinculados con la mayor duración intencional del proceso, ya que lo contrario no sólo no parece incorrecto, sino deseable.

En el artículo 6º se introducen dos modificaciones. Se agrega en el inciso d) la novedad como mérito del trabajo a tomar en cuenta para la regulación y se agrega un nuevo inciso tendiente a la valoración de los trabajos extrajudiciales que sirvan de presupuesto a la labor judicial.

El artículo 7º, marca una diferencia sustancial con la redacción actual. Permanece la idea originaria de un máximo y un mínimo regulador dentro de los cuales ha de moverse el juzgador. Sin embargo, se elige un porcentaje intermedio que se considera adecuado y, en base a resolución fundada, el juez puede incrementar o reducir ese porcentaje hasta en una cuarta parte, y se faculta al juez a aumentar la reducción hasta el 50 % cuanto el proceso fuere de un monto superior a los $ 5.000.000.- De esta manera la regulación normal será la media y no, como hoy sucede en la mayoría de los casos, la mínima o cercana a la mínima. Se aclara en el texto que no se considerará resolución fundada la mera cita de artículos legales, en concordancia con antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular. Se establece una regulación por un porcentaje para la parte del juicio que se gana y por otro para la parte del juicio que se pierde. Los honorarios de la porción en que el letrado resulta vencedor deben ser soportados por la contraria, y los de la parte en que resulta perdedor, por su propio cliente. En esto hay una incursión en el régimen de costas del Código Procesal, perfectamente posible desde que ambos cuerpos legales se complementan.

Los mínimos regulables del artículo 8º, se fijan sobre la base de referencia a la asignación mensual total correspondiente al cargo de Juez de Primera Instancia de la Justicia Nacional, con la sola exclusión de los rubros antigüedad y cargas de familia.

En el artículo 11, se suprime el tope para las regulaciones sumadas de los letrados que atiendan a partes con interés común. Es injustificado ese tope, sobre todo en el caso de tres o cuatro litisconsortes, cuyos letrados ven hoy sensiblemente reducida su regulación.

En el artículo 12, se aclara que los letrados en causa propia tienen derecho a la regulación también como apoderados, con los que se incorpora al texto legal la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular.

Se aclara en el artículo 14, que el monto a tener en cuenta para la regulación, es del interés comprometido en el recurso. Es lógico que así sea, pero actualmente ante la ausencia de un texto legal al respecto es muy frecuente que no se discrimine y se aplique el porcentaje sobre todo el juicio y no sólo sobre el monto de la cuestión sometida a recurso. En el mismo artículo queda establecido que dicha regla también es de aplicación a los recursos extraordinarios, a la par que se fijan pautas para los recursos de queja y de inaplicabilidad de ley, de las que hoy se carece.

Se incorpora a los abogados que se desempeñen como curadores definitivos o como curadores dentro de la regla que establece la retribución del administrador judicial.

En el artículo 19, también se introduce una reforma sustancial. La redacción actual dio motivo a que la mayoría de la jurisprudencia tomara como base para las regulaciones sólo la parte del juicio que prospera. Ahora se aclara que se tomarán en cuenta las sumas reclamadas en la demanda y reconvención y, sólo si fueren mayores, las de la sentencia o transacción. Se cubre con esto una constante injusticia que se produce en los juicios en los que la demanda prospera por montos exiguos y sólo estos se toman cono base regulatoria, como si la otra parte del juicio no hubiera existido.

Consecuentemente con la reforma del artículo 19, el proyectado artículo 20, señala que cuando debiere efectuarse una regulación pendiente el proceso, se la efectuará según porcentuales correspondientes a la parte vencida.

El artículo 21, prevé una ulterior regulación una vez concluido el trámite del juicio, cuando ya pueda saberse quien es vencedor y quien vencido. Se aclara que este procedimiento se aplica también al caso de transacción.

En el nuevo artículo 22, considera que tanto el ajuste por depreciación monetaria como los intereses y multas integran el monto del juicio, aún en el caso de rechazo de la demanda.

La reforma proyectada para el artículo 23, tiende a pulir el procedimiento estatuido en la actual ley, que resultó sumamente práctico en su aplicación. Hay simplemente, una mejora del texto sin cambiar el concepto.

En el artículo 24, relativo a las sucesiones, se sustituye el concepto de patrimonio por el de activo, adoptando un procedimiento similar al del artículo 7º, donde se parte de una cifra intermedia que es posible bajar o subir mediante auto fundado. Se establece en forma precisa el honorario correspondiente a la etapa de partición hereditaria y se determina la retribución que corresponde a los albaceas y la de los profesionales que patrocinen y/o representen a aquellos.

Se incorpora la regla de que si fueren denunciados nuevos bienes con posterioridad a la regulación o cese de la labor, el profesional podrá solicitar la ampliación de su honorario en función de las etapas por él realizadas.

En el artículo 25, en los procesos alimentarios la base regulatoria queda fijada sobre el importe de la pretensión y no sobre la de la cuota fijada, proyectándose la base para los casos de su aumento o disminución.

Para los desalojos, considerados en el artículo 26, se cambia la base regulatoria, trasladándola del alquiler vigente al valor del inmueble, que es lo que se intenta recuperar, o a opción del profesional, al importe de dos años de valor locativo que se fije. Por otra parte, extendemos este principio a todos los desalojos y no sólo a los vinculados con una locación, como sucede en la ley actual.

Sobre las medidas precautorias, consideradas en el artículo 27, se utilizan porcentajes regulatorios diferentes, ya sea que formen o no parte de otro juicio. El artículo, lógicamente, se refiere a casos susceptibles de apreciación monetaria.

En el nuevo artículo 28, se incluye las pautas tanto de la expropiación como de la retrocesión. No hay modificación en las primeras. En las segundas se opta por el sistema de considerar monto del juicio el del valor del bien al tiempo de la regulación.

Se reservó el artículo 29 del proyecto para los juicios penales. Se introdujo la modificación sustancial de establecer que el honorario se regulará conforme las pautas de los artículos 6º y 7º haya sido ejercida o no la acción civil, legislando de manera precisa la regulación en la acción civil que se ejercite en sede penal.

En el artículo 30, vinculado con asuntos de familia, se suprimió en el segundo párrafo de la ley 21.839 por ser coincidente con la norma del artículo 6º, inc. f). Se Fijó también un mínimo porcentual para divorcios contenciosos, calculado sobre el patrimonio ganancial de ambos cónyuges, lo que constituye una novedad importante en esta materia. El mínimo a que se refería el tercer párrafo del artículo se lo reemplazó por una retribución vinculada al valor jus.

Se Establece en el artículo 30 bis la retribución para los juicios de insania e inhabilitación fundados en el artículo 152 bis del Código Civil, que corresponde tanto al curador provisional como a los abogados de la parte denunciante o del presunto incapaz o inhabilitado, fijando además un honorario mínimo.

En materia de concursos preventivos y quiebras, no es posible efectuar modificaciones de importancia ya que la materia está reglada por la ley de fondo. Se cubrió aquí algunos aspectos no contemplamos por ella tales como el caso de los pedidos de quiebra desestimados para los que se aplicó un tercio de la tasa del artículo 7º, con lo que en la práctica, se produce una equiparación con el trabajo de una etapa del juicio ejecutivo. Lo mismo se hace para el caso de levantamiento de quiebra sin trámite, fijando en el 1% del activo o pasivos denunciados- según el que fuera mayor- la regulación para los pedidos de concurso preventivo desistidos, y se establecen criterios legales o para los casos de avenimiento y conclusión por pago total.

En el artículo 32, relativo a posesión, interdictos, etc., se incorporó al texto actual las hipótesis de procesos de simulación, revocatoria y nulidad de actos jurídicos, a fin de cubrir un vacío legal, como así también una frase tendiente a ratificar la diferencia entre los trabajos de interés común y particular.

Con relación a los incidentes, tratados en el artículo 33, el cambio propuesto es importante, Ante todo se da diferente trato a los incidentes con monto propio y sin él. Se crea una regulación menor para las simples incidencias, las que se ha tratado de definir adecuadamente.

Se creó también un sistema regulatorio para excepciones, hoy inexistente, diferenciando el caso de las dilatorias del de las perentorias, de evidente diferente importancia.

En el caso de las tercerías (artículo 34), se introdujo un cambio consistente en considerar como monto de las mismas el monto de la medida precautoria o el del bien si fuera superior, con lo que se abandonó el criterio anterior de monto del juicio.

La reforma que se introdujo en el caso de la liquidación de la sociedad conyugal a que se refiere el artículo 35, tiende por un lado a aclarar que se aplica ese artículo aún al caso en que la separación de bienes tramite como incidente del juicio de divorcio, y por otro a establecer diferencias en los porcentajes regulatorios cuando exista contradicción con relación a alguno de los bienes.

En el artículo 36, relativo a habeas corpus, amparo y extradición, se cambió el mínimo regulatorio por uno vinculado al valor jus, en concordancia con este sistema que se utiliza en todo el proyecto, ampliando la regla regulatoria para dar cabida en ella a las acciones de habeas data, acción declarativa y trabajos vinculados con la ley 22.172, estableciendo que estas últimas actuaciones no podrán ser devueltas hasta tanto se hayan pagado los honorarios.

Es menor la reforma propuesta para el artículo 39. Sólo consiste en aclarar que el artículo habla de incidentes, se refiere a los que tramiten como procesos de conocimiento.

El artículo 40, relativo a los procesos de ejecución, es aclarado estableciendo que se aplica también a las ejecuciones de sentencia. Se le hace un agregado tendiente a dejar en claro que todo trabajo posterior a la sentencia en un proceso de conocimiento merece regulación separada, aunque no consista en una tarea típica de ejecución.

Se mantiene en el artículo 42, la tradicional división en dos etapas de los concursos preventivos y quiebras. Pero se atribuye diferente, importancia, a los efectos regulatorios, a la labor desarrollada en una y otra por ser siempre la segunda etapa de mayor importancia.

Se considera que el proceso sucesorio se divide en cuatro etapas, incorporando como nueva etapa la referida a la partición hereditaria.

Se sugiere modificaciones importantes en el art. artículo 47. Por una parte se hace obligatoria la regulación en porcentuales cuando los juicios sean susceptibles de apreciación pecuniaria con lo que se evitarán muchas postergaciones y vueltas del expediente a Cámara. Por otra, se introduce expresamente la obligación de adecuada fundamentación de los fallos de los tribunales de alzada, con exclusión de la simple cita de números de artículos de la ley de arancel, acogiendo así lo que ha dicho la corte suprema de Justicia de la nación al respecto.

Se ha tratado, en la reforma al artículo 48, de agilizar la regulación y cobro de honorarios por parte del profesional que cese en su actuación.
Como en el texto del proyecto las regulaciones deben efectuarse siempre sobre la base de la pretensión contenida en la demanda el resultado final del juicio sólo tendrá importancia para la aplicación del porcentual respectivo, no ya para la determinación del monto del juicio. De esta manera se propone que la regulación se efectúe sobre la base del porcentual de la parte vencida, si no hubiere sentencia firme, conservando el sistema de posterior ajuste. Se establece que la apelación tramitará sin efecto diferido, porque en el sistema actual la concesión del recurso para ser tratado recién después de la sentencia frustrada, en la práctica, la posibilidad de cobro anticipado.

Se reduce en el artículo 49, el plazo de pago de honorarios de treinta a diez días. Como la mayoría de las regulaciones serán ahora en porcentuales, el plazo deberá contarse desde el momento en que el honorario quede fijado en dinero. Se da acción indistinta para el cobro tanto contra el condenado en costas como contra el cliente, con lo que se elimina el absurdo sistema actual. Se aclara que si el cliente paga lo que debe el condenado en costas, puede reclamarle a éste en los mismos autos y por el procedimiento de ejecución de sentencia.

Se establece, cubriendo un vacío legal, que el profesional que se encuentre comprendido en el artículo 2, no podrá reclamar pago alguno a su cliente, salvo pacto en contrario.

Persiste en el artículo 50, el procedimiento de ejecución de sentencia para el cobro de honorarios, con la aclaración ahora de que se lo aplica haya o no condena de costas, previéndose la hipótesis del honorario emergente de convenio no homologado, cuya interpretación o fijación del cuantum se hará vía incidental.

Se ha reemplazado en el artículo 52, las sanciones por violación del artículo 51, por las establecidas en la Ley de creación del Colegio Público de Abogados de la capital federal, con el ánimo de unificar el régimen respectivo.

En el artículo 53, se establece que las sanciones previstas en al ley 23.187, serán aplicadas en la capital federal por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público, con igual propósito que el que nos animara en el artículo anterior.

El contenido actual del artículo 54, propone un nuevo texto, antes totalmente inexistente, tendiente a evitar los acuerdos entre las partes sin intervención de los letrados y evitando perjudicar los intereses de éstos. Se elige el sistema de responsabilizar solidariamente a ambas partes para el pago de esos honorarios si el acuerdo fuere realizado sin participación.

La reforma que introdujera el actual artículo 55 al sistema vigente con anterioridad, sirvió en la práctica para retacear notoriamente la protección del honorario. Se adopta en el proyecto el texto surgido en las Jornadas de estudio de la Ley de Arancel 1997, por considerarlo mucho más adecuado, con el agregado final vinculado con el domicilio en que debe efectuarse la citación al profesional.

La modificación introducida al artículo 56, es sólo el cambio de la palabra gestiones por el término trabajos, incluyéndose los realizados en la mediación o conciliación laboral.

Básicamente la reforma del artículo 57, que se refiere a diversos casos de trabajo extrajudicial, consiste en la vinculación de los montos regulatorios con el valor jus. En concordancia con la iluminación del concepto de orden público que se propugna en el artículo 5º, las pautas que se dan ahora en el artículo 58, son sólo aplicables a falta de otro acuerdo entre las partes. Se fijó la competencia de la Justicia en los Civil para el trámite del cobro.

En el artículo 58, simplemente se cambió la referencia a la primera parte del artículo 7º, por una a ese mismo artículo y al 6º, que también debe tenerse en cuenta cuando no hay contenido pecuniario.

El actual artículo 59, desaparece por innecesario al haberse adoptado el sistema de mínimos y multas vinculados al valor jus y se reemplaza su contenido por una autorización expresa al sistema difundido de trabajo remunerado según horas de trabajo.

El texto propuesto para el artículo 60, recoge la doctrina que acepta que el honorario devengará un interés que es de su determinación hasta el momento de su efectivo pago, aunque no exista mora, y se fija el mismo en el equivalente a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, capitalizable mensualmente.

En el artículo 62, se proyecta la regla vinculada a la entrada en vigencia del presente cuerpo normativo, el cual se aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios a dicha fecha.

El artículo 63, establece que la regulación de los honorarios de los peritos y de los demás auxiliares de la Justicia, deben efectuarse conforme a sus respectivos aranceles, debiendo adecuarlos por debajo de sus mínimos a fin de armonizarlos con las regulaciones que se practiquen a favor de los demás profesionales intervinientes, declarándose aplicable lo dispuesto en los artículos 77 y 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al procedimiento ante el fuero del trabajo. Asimismo, se consigna que los peritos y demás auxiliares podrán reclamar de la parte no condena en costas hasta el 50% de los honorarios que le fueran regulados sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el proyectado artículo 64, se modifican las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vinculadas al recurso de inaplicabilidad de ley que es receptado en materia arancelaria y a los procesos de insania o inhabilitación, donde se eleva del 10% al 12% el tope máximo de los gastos y honorarios a cargo del presunto insano o inhabilitado. Lo atinente al recurso de inaplicabilidad de ley, tiene el claro sentido de unificar la jurisprudencia y es deseable que por su camino se vayan aunando criterios relativos a la aplicación de una ley que se usa en todos los juicios, contribuyendo ello a afianzar la seguridad jurídica.

En el artículo 65 se proyectó la modificación del artículo 374 del Código Civil, permitiéndose el pacto de cuota litis en los procesos de alimentos.

En el artículo 66, se proyecta adecuar la retribución del profesional en la tramitación del juicio sucesorio cuando en el acervo hereditario se encuentra un inmueble afectado al régimen de bien de familia, manteniendo la importante merma en la retribución de tal tarea profesional, para mantener el carácter protector de dicha legislación, para lo cual se modifica únicamente tal aspecto del artículo 48 de la ley 14.394.

En el artículo 67, se propugna la derogación del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Laboral que pone un límite a las regulaciones en ese fuero que consideramos sin sustento lógico alguno. No es menor allí el trabajo del profesional. Se entendió que quienes litigan sin razón en ese fuero deben tener los mismos costos que en los restantes. También se derogan las leyes 21.839 y 24.432, con la salvedad que en el proyecto se adoptan las reglas referidas a la libertad de contratación del precio de los servicios profesionales, con posibilidad de hacerlo sin sujeción a la escala mínima contenida en la correspondiente norma arancelaria, al igual que las referidas al derecho de los peritos para reclamar de la parte no condenada en costas hasta el 50% de los honorarios que le fueran regulados y la posibilidad de efectuar regulaciones a dichos auxiliares conforme a sus respectivos aranceles, pudiendo adecuarlos por debajo de sus topes mínimos para mantener una correspondencia de equidad con las restantes retribuciones de los demás profesionales intervinientes.