La Argentina podría ser un país diferente. No se hubieran evitado las sucesivas crisis económicas, ni los golpes de Estado, ni la corrupción. Pero al menos se podría haber mejorado en algo la calidad de vida de la gente si se hubiera respetado la voluntad del Congreso. Los usuarios de servicios públicos podrían reclamar que no se les cobren los días en que el servicio no funciona. Los pasajeros de transporte público podrían llamar por teléfono a una central que les informe 24 horas antes en qué horario llegará el colectivo a la parada deseada. Argentina hubiera tenido un régimen pionero de promoción de la alconafta, ya que el Congreso creó un Plan Nacional, en 1985.

Pero nada de eso sucedió. Pese a que éstos y otros temas fueron tratados y aprobados en el Congreso, el Ejecutivo tiene el poder de no reglamentar algunas leyes, de cajonearlas, y que de esta manera nunca lleguen a funcionar en la práctica.

El senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchik detectó que existen al menos 50 leyes sin reglamentar, al menos desde 1985. “A mí este tema me empezó a llamar la atención a fines del año pasado, porque si una ley no está reglamentada, no está en vigencia”, recordó el legislador, quien observa que -aunque se cree que una ley empieza a regir cuando la aprueba el Congreso- éste es el penúltimo paso en el tratamiento. Cabanchik pretende impulsar en los próximos días un proyecto de ley para que el Estado pueda ser demandado cuando una ley no se reglamente, por cualquier ciudadano que se sienta afectado directa o indirectamente por la falta de reglamentación de esa ley. “Figuras de ese tipo existen en distintas provincias e incluso se puede litigar penalmente contra los funcionarios que no reglamentan las leyes”, explica el senador.

¿Pero qué es exactamente la reglamentación? La Constitución argentina establece que para que un proyecto de ley entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso. Una vez sancionada la propuesta es enviada al Poder Ejecutivo, que tendrá 10 días para verificar la ley. Allí tiene tres caminos. Promulgarla, vetarla o hacer un veto parcial que elimine algunos de los artículos, sin afectar el espíritu de la ley. Si en 10 días no toma la decisión, la Constitución entiende que la ley queda puesta en funcionamiento.

Sin embargo, los gobiernos tienen una forma más de sortear la ley: evitando su reglamentación. El Congreso, a través de sus decisiones, explicita una filosofía, una serie de objetivos que el país debe seguir. Sin embargo, será el Poder Ejecutivo el que debe llevar adelante esa misión que el Parlamento le ordenó por ley.

¿De qué manera lo instrumentará? A través de la reglamentación, que es una decisión gubernamental. Pero si no la aplica, nadie puede reclamar nada.

Por si no quedó claro, vale un ejemplo. En 2004 se aprobó una ley que fomentaba al empresariado joven. Fue un arduo trabajo realizado por el entonces diputado Osvaldo Rial, que además era y es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). La idea era brindar beneficios fiscales, financieros y de asistencia técnica y de promoción a todos aquellos jóvenes menores de 25 años que decidieran crear un microemprendimiento. La ley fue promulgada en febrero de 2004, pero hasta ahora no pudo aplicarse, aunque se incluyó en los presupuestos de 2007, 2008 y 2009. Como nunca se reglamentó, es probable que ese dinero se haya utilizado para otra cosa.

Para todos los gustos

En el relevamiento que hizo Cabanchik se encuentran leyes de las más diversas. Desde la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que aunque funciona, nunca se reglamentó, hasta la ley de lucha contra la brucelosis. Tampoco se llevó a la práctica una ley para prohibir la venta de armas de juguete o la de Gestión Integral de Residuos Industriales, sancionada en 2002 o la de Protección a refugiados políticos, de 2006.

Pero tal vez la más llamativa es una ley de 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi que declaró de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas y estableció que “en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendría la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida”. La ley nunca se reglamentó y eso permitió que en 1991 tiraran abajo el Teatro Odeón, en Corrientes y Esmeralda, donde actualmente funciona un estacionamiento. Cabanchik menciona esta ley como una anécdota curiosa y reclama al Ejecutivo actual que haga cumplir esa ley, para que exista un espacio más para el teatro porteño.

Otro ejemplo que plantea el senador es el de la ley de la obesidad: “Se hicieron muchas marchas y abrazos, pero hoy si ellos van a su prepaga éstas no cubrirán la prestación porque la ley no está reglamentada. La población o es suficientemente activa en el reclamo por sus derechos. Vienen al Congreso, reclaman por la ley, pero después no siguen la cuestión”, explica Cabanchik, quien agrega: “Y el Gobierno se aprovecha de esto para incrementar su poder por sobre el Poder Legislativo”.

Cabanchik en los próximos días propondrá crear una figura legal específica para que cualquier ciudadano pueda reclamar por la reglamentación de una ley. Además se crearía una página web de acceso público que permitirá que cualquiera pueda monitorear qué sucedió con las leyes una vez que se aprueban en el Congreso.

Algunas leyes sin reglamentar o con reglamentación parcial

– Plan Nacional de Alconafta

– Prohibición a empresas concesionarias al cobro de abonos en períodos en que los -usuarios no gozaron del servicio

– Creación del Sistema Federal de Vivienda

– Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación

– Ley de Lucha contra la Brucelosis

– Prohibición de ventas de réplicas o imitaciones de armas en jugueterías
– Ley Federal de Pesca

– Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios

– Publicación de Frecuencias del Trasporte de Colectivo

– Presupuestos Mínimos Ambientales para conservación de las Aguas

– Programa Nacional de Empresariado Joven

– Programa Deportivo Barrial

– Ley de Protección a Refugiados Políticos

– Ley de Obesidad