Por Julio El Alí

El maldito mosquito puso en boca de todos el accionar del Ministerio de Salud, por lo que Graciela Ocaña es la funcionaria más nombrada en los últimos tiempos.

Pero para muchos diputados y senadores, y también sindicalistas, la fábula del mosquito que “pica” a la “hormiguita”, provocando más que un fuerte dolor de cabeza, ya se comenzó a escribir hace mucho tiempo. Desde la sorpresiva salida de la cartera de Salud de Gines González García, y la llegada de Ocaña, en el Gobierno se produjeron varias heridas internas. Estas divisiones dentro del Ejecutivo se sienten en el Congreso, donde la ex diputada Graciela Rosso, quien tenía comunicación directa con Gines y llevaba todas las iniciativas adelante, se fue a la intendencia de Luján, en la provincia de Buenos Aires, provocando un vacío comunicacional entre la comisión y el Ejecutivo.

A este complejo cuadro habría que agregarle el enfrentamiento entre Ocaña con el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, quien respondía a Alberto Fernández, y con el líder de la CGT, Hugo Moyano, por una considerable suma de dinero correspondiente a las obras sociales.

Con este panorama de internas oficialistas, tratar un proyecto de ley sobre salud es “una papa caliente” que esconde celos, intereses públicos y empresariales, mientras la vida de miles seres humanos están en juego. Y como si esto no alcanzara, aparece el dengue para quedarse, según palabras de la ministra. Así, el Congreso debe sancionar leyes para ayudar y brindar las herramientas necesarias para que el Ministerio pueda cumplir con todas sus obligaciones. Sin dudas, una tarea compleja que refleja resultados inesperados como la sanción de la Ley de Trastornos Alimentarios que, luego de aprobarse en Senado, pasó a Diputados donde se modificó y al tratarse nuevamente en la Cámara alta no se aceptaron los cambios. Resulta que los diputados, encabezados por el presidente de la Comisión de Salud, Juan Sylvestre Begnis, criticaron esta norma porque resultaba “muy reglamentarista”. Es decir, que necesitaba muchas resoluciones del Ministerio de Salud para reglamentar los procedimientos sobre cada especificidad. Obviamente, cada resolución lleva tiempo y más en época de campaña electoral, y con una epidemia que desnudó el nivel de improvisación en un tema sensible como es la salud de los argentinos. Por lo tanto, la denominada ley de la Obesidad todavía no fue reglamentada a pesar de haber sido sancionada el 13 de agosto de 2008, o sea que pasaron ocho meses.

Sobre este tema se quejó el senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchik pero no tuvo mayores repercusiones, ya que el programa de televisión de Canal 13 que impulsaba la ley -Cuestión de Peso- ya no está al aire.

El problema

Millones de pesos son los culpables para que todavía no rija la ley de Obesidad y esto reside en el artículo que obliga a las obras sociales y medicinas prepagas a cubrir los gastos de la cirugía bariática. Según pudo averiguar Parlamentario, “no hay plata para que el Estado nacional cubra esta operación que muchas veces se la quiere utilizar como un negocio. No podemos obligar a cumplir lo que no puede cumplir el Estado”, aseveraron desde el Ministerio de Salud.

En conclusión, a pesar que la cartera que dirige Ocaña ya avanzó bastante en las reglamentaciones, los enfermos de obesidad deberán seguir esperando para la operación.