Luces y sombras rodean la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana. Desde la oposición han surgido duras críticas respecto a la implementación de la nueva fuerza. El punto más álgido de la controversia se centró en la designación del ex comisario Jorge Palacios, imputado en la causa de la voladura de la AMIA. Pese a ello el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, volvió a ratificar al jefe policial.

Previo a ello habían salido a la luz serios cuestionamientos al decreto reglamentario de la norma que dio origen a la creación de la institución policial. Desde diferentes espacios legislativos consideran que el espíritu de la ley fue violada por el Ejecutivo.

Para comprender aún más este complicado cuadro, Parlamentario entrevistó a dos legisladores opositores, quienes no coincidieron al momento de ser sancionada la ley: la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, Silvia La Ruffa (FpV) y Gonzalo Ruanova del bloque Espacio Plural. Ambos se muestran críticos con la instrumentación de la Policía Metropolitana, aunque desde diferentes puntos de vista.

Dudas

“A través de la reglamentación, Mauricio Macri viene violando el espíritu de la ley de creación de la Policía Metropolitana”, afirmó rotunda Silvia La Ruffa y agregó que “a través de un decreto reglamentario permite la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a la Policía Metropolitana cuando ello está tajantemente prohibido, además flexibiliza ‘in extremus’ el requisito de tener el nivel secundario completo”.

La legisladora resaltó además las disidencias que tiene con el decreto que reglamenta la ley. “Lo que no se está cumpliendo -para ser más específica- es que los hombres y mujeres que vengan de otras fuerzas deben cumplimentar el nivel secundario a la brevedad, si bien se preveía cierta flexibilidad para cumplir con este requisito por parte de este personal, el decreto del jefe de Gobierno reglamentando esta parte de la norma lo ha flexibilizado a tal punto que parece casi una tomadura de pelo a la ley, porque en el fondo lo que hace es terminar, permitiendo que se cumpla con este requisito en un plazo que finaliza en 2016”, manifiesta con dureza.

Respecto al anuncio del ministro Montenegro de que la nueva fuerza policial entraría en funciones en octubre próximo y que el número de integrantes rondaría los 700, La Ruffa, se muestra concordante con la propuesta oficial. “Por lo que entiendo, esta fuerza funcionará de manera centralizada, de hecho 700 hombres – pareciera que es una cifra alta- pero hay que pensar que los mismos deben estar los siete días en la calle y las 24 horas”, sostiene la diputada, persuadida de que es viable el funcionamiento de la Policía Metropolitana en esas condiciones, para agregar que “generalmente a este número total se lo divide por cinco para saber entre los cuatro turnos y uno rotativos que abarcaría los francos o la posibilidad de que haya un número alto de ausencias por enfermedad, con lo que resultaría un promedio de 140 numerarios por turno en la calle, con lo que, de manera centralizada, podría funcionar”.

Si bien la legisladora muestra coincidencias con el proyecto de la puesta en marcha de la nueva fuerza, se preocupa en remarcar las diferencias que sostiene con la reglamentación de la ley. “Creo que lo más preocupante son las violaciones que se vienen realizando a la ley a través de la reglamentación; puntualmente en los dos ítems a los que hacía mención: ingreso de miembros de la Fuerzas Armadas e ingreso sin tener estudios secundarios completos”.

En cuanto a la designación como jefe de Policía a Jorge“Fino” Palacios, la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad expresó que “se está imprimiendo un perfil a la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad que no es coincidente con el criterio que las diferentes fuerzas políticas imaginaron, pensaron y plasmaron en la Ley de Seguridad Pública”.

Sobre la relación entre las dos fuerzas de seguridad en un mismo territorio, La Ruffa sostuvo que “es un punto central y nosotros expresamos nuestra preocupación al respecto al momento de ser sancionada la norma”, aunque aclaró que “hasta ahora no queda claro si se ha podido avanzar en la coordinación con el Gobierno nacional”.

En referencia al número de integrantes, la diputada K manifestó convencida que “sin dudas ésta es la primera etapa, creo que con 700 cuadros, de los cuales la mayoría son de conducción y no de ‘calle’, pienso que deberá haber una segunda etapa en la que ingresen los integrantes que lo hagan por primera vez y será el plantel que integrará el personal de ‘calle’,obviamente, este es un proceso que llevará entre 5 y 10 años”.

La legisladora fundamentó los plazos que -según su visión- llevará la implementación de la Policía Metropolitana, al respecto dijo que “si el ministro del área hizo el anuncio de tener el propósito de que ingresen mil hombres por año, y que cada comuna contará también con mil integrantes; desde ese punto de vista, sino podrán ingresar más de mil miembros por año, y se pretende dotar con ese número de personal a cada comuna, estamos hablando de 15 años para completar todo el proceso”.

Finalmente, La Ruffa quiso hacer un llamado de atención dirigido a Macri. “La verdad que quisiera insistir en requerirle al jefe de Gobierno de que recapacite en la designación del nuevo jefe de la Policía Metropolitana, designando a un hombre o una mujer que no esté cuestionado y que en todo caso postergue la designación de Palacios hasta conocer la resolución de la Justicia sobre la causa en la que está implicado”.

Mapa del delito

Por su parte, el legislador Gonzalo Ruanova del bloque Espacio Plural manifestó sus diferencias con la creación de la Policía Metropolitana. En ese sentido aclaró que “no acompañamos el proyecto, porque considerábamos que era necesario construir una fuerza moderna, a partir de un diagnóstico certero y de la diagramación de un mapa del delito, caso contrario estamos formando una fuerza policial con los vicios, con los métodos y con las formas que ya tienen las viejas policías que fracasaron en el combate contra el delito”.

A renglón seguido agregó que “esa posibilidad de constituir esa nueva fuerza requiere que le incorporemos herramientas modernas y además que le incorporemos al funcionamiento de esa fuerza el trabajo y la participación vecinal y, a partir de un diagnóstico verificar los tipos de delito que ocurren en la Ciudad y desde allí optar qué tipo de Policía requieren esos delitos”.

Según el legislador y otrora funcionario de Aníbal Ibarra, en la Ciudad existen dos tipos de delitos a combatir, las que llevan adelante las organizaciones criminales y que “hay que combatirla de determinada manera” y los pequeños delitos y las contravenciones que “se solucionan fortaleciendo los instrumentos intermedios de la participación ciudadana y además de lo que son las áreas de mediación y de resolución de conflictos alternativas”.

Ruanova dejó en claro, además, que la formación que se está llevando adelante con los nuevos cuadros policiales “es la misma que se realiza con la Policía Federal, con el agravante de exceptuar a los aspirantes de tener el secundario completo, que era una de las herramientas esenciales que tenía la ley”.

Para el legislador ex ibarrista, la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana no es el eje central de la discusión -como sostienen otras fuerzas políticas-, sino la estructura en sí de la fuerza. En esa línea sostiene que es fundamental el mapa del delito, que según Ruanova “todavía está en el escritorio del jefe de Gobierno, esperando que se la reglamente”, y denunció que “se desactivaron los foros vecinales que funcionaban mediante el plan de prevención del delito a través del cual los vecinos se reunían en su barrio para transmitir lo que ellos veían del funcionamiento cotidiano de las comisarías y además de los tipos de delitos que sufrían en cada uno de los lugares”.

Para tener en cuenta

La convivencia entre la Policía Federal y la Metropolitana, llevará entre 5 y 15 de años de acuerdo con la capacidad que tenga la Ciudad para incorporar agentes, capacitar a sus responsables y adecuar la infraestructura. Se sabía que parte del éxito de esta iniciativa tiene que ver con la capacidad para coordinar con el Gobierno nacional y la tarea de estas dos instituciones de manera tal que puedan complementarse y no chocar en las atribuciones.