Por amplia mayoría la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que habilita la suspensión temporaria de la Ley Cerrojo aprobada en febrero de 2005. Dicha norma prohibía la reapertura del canje de deuda, con el claro objetivo de dar una señal a los bonistas para que aceptaran la propuesta elaborada entonces por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.

La norma ahora suspende temporalmente la aplicación de esa ley y fue aprobada por 45 votos contra 10. Se suspende a partir de la misma la Ley Cerrojo por al menos un año y a partir de ello el PEN intentará reabrir el canje de la deuda para los bonistas que no ingresaron en la operación de hace cuatro años que tienen en su poder títulos en default por una cifra equivalente a 20.000 millones de dólares.

Miembro informante del proyecto fue el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, quien resaltó el “exitoso mecanismo de canje de deuda” y recordó que en 2005 “fue ventajoso porque nos permitió el desarrollo de la economía argentina tras la convertibilidad”.

Por entonces, dijo, “quedaron sin haber optado por el ingreso a este mecanismo de negociación alrededor de 20 mil millones de dólares de aquellos bonistas. Hoy la intención es complementar este mecanismo, reabrir este canje y lograr un rescate mayor de deuda”.

El objetivo del nuevo canje será “restablecer la seguridad jurídica en el tema del endeudamiento y restablecer mecanismos de financiamiento que bajen el riesgo país”.

Ríos remarcó que “no va a ser el Estado el que asuma el costo de las comisiones financieras de aquellos operadores que trasladen el interés de los tenedores de bonos para entrar al canje”.

Por su lado, el radicalismo apoyó la medida y el titular del partido, Gerardo Morales, dijo que la parecía “buena señal que el Poder Ejecutivo inicie gestiones para arreglar con el Club de París. Esto va a poner mejor a la Argentina el año que viene, cuando la crisis se supere. Y va a ponerla en una situación mejor para afrontar mejoras en la economía doméstica”.

A su turno, el senador Eric Calcagno defendió la posición del Gobierno nacional fundamentando los aspectos económicos del endeudamiento externo, que llegó a ser el combustible de la economía durante los noventa, así como la dimensión política del endeudamiento, que funcionaba como un esquema de poder interno.

En 1975 era de 7.800 millones de dólares, en 1983 de 45.000 millones, en 1992 de 63.000 millones, en 2001 de 144.000 millones; la convertibilidad costó 81.000 millones de dólares. Después, la salida de la convertibilidad demandó 47.000 millones de dólares más. Con todo ello, en 2001 la deuda externa era de 191.000 millones, señaló. “En realidad, creo que no salimos de la convertibilidad, nos caímos –dijo-. Después, en 2005, como resultado de la reestructuración, se redujo substancialmente, de modo soberano”.

En ese orden, añadió: “Me parece importante recalcar que en la ley que vamos a votar no hay condicionalidades. Lo que mataba a la Argentina en esa época era que frente a los desequilibrios internos que se subsanaron con el endeudamiento interno -o peor aún- como era en la era de la convertibilidad, en la cual el endeudamiento externo era el combustible que hacía funcionar a la economía, no hay condicionalidades”.

Por el contrario, el peronista federal Juan Carlos Romero sostuvo que esta actitud del oficialismo “muestra las marchas y contramarchas que no solo son propias de este gobierno” y agregó que “aquí queda aprobado que fracasó la idea del oficialismo de la Ley Cerrojo original”.

También votó en contra el socialista Rubén Giustiniani, para quien la reapertura del canje representa “una exigencia del FMI que nos dice que vamos a tener crédito si arreglamos con los holdouts, si retornamos al Club de París y volvemos al redil”.