La Cámara baja de la provincia de Buenos Aires giró al Senado bonaerense un proyecto de ley para restringir la existencia de desarmaderos en territorio provincial, y crearía un precinto especial para repuestos usados que acredite la legitimidad de los mismos.

La iniciativa, elaborada por los presidentes de las bancadas oficialistas de diputados y senadores bonaerenses, Raúl Pérez y Osvaldo Goicoechea respectivamente, establece que el Estado “deberá tomar control de los desarmaderos por sí o por terceros monitoreados por el Gobierno”, cuya adjudicación se conseguirá mediante licitación pública.

El proyecto prevé la realización de un estudio para determinar “un número razonable” de estos establecimientos por regiones, que serán adjudicados por licitación pública, y funcionarán también como depósitos fiscales.

Pérez, uno de los autores de la norma, sostuvo que “los autos son bienes registrables, y el Estado tiene el poder de policía sobre su comercialización”, y adelantó que se creará un sistema de precintado para repuestos usados, de manera que se pueda conocer el origen de las autopartes. Además, obliga a los establecimientos a contar con un registro de los vehículos que ingresen, que podrá ser controlado on-line por la autoridad de aplicación.