“Se trata de un acuerdo importantísimo, tanto por el arco político y social que lo respalda, como por la mirada integral y democrática de la seguridad que estamos promoviendo”, señaló Martín Sabbatella tras la presentación del Acuerdo para una política de seguridad democrática, que promovió el Centro de Estudios Legales y Sociales y que reunió a un conjunto plural de dirigentes, especialistas y representantes sociales y políticos.

“Es muy importante que podamos ponernos de acuerdo sobre un problema como éste que demanda de un abordaje serio, estratégico, en el sentido contrario al que vienen sucediéndose las políticas de seguridad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal”, consideró el diputado nacional de Nuevo Encuentro, que además opinó que “a pesar de su mostrada ineficacia, se insiste en políticas espasmódicas que, lejos de reducir el nivel de los delitos o su gravedad, lo incrementan, deterioran la calidad de la Democracia, permiten que se reproduzcan las redes de criminalidad que muchas veces incluyen a la misma policía, y apuntan solamente a condenar con dureza a los sectores más vulnerados. Esas iniciativas efectistas, de corto plazo, sesgadas y profundamente antidemocráticas terminan agravando el problema y reproduciendo la violencia”.

Sabbatella señaló que “el acuerdo que alcanzamos sienta las bases de un conjunto amplio, importante y mayoritario de dirigentes, referentes y organizaciones políticas y sociales para la definición de políticas de seguridad tan democráticas como efectivas. Tenemos derecho de vivir en un país en el que estemos seguros de que no nos van a robar y también en el que estemos seguros de tener salud, educación, vivienda digna, trabajo. En definitiva, en el que estemos seguros y seguras de tener futuro”.

Asimismo, el diputado de Nuevo Encuentro destacó que “un aspecto central de este acuerdo es la coincidencia en la necesidad de erradicar la corrupción enquistada en las estructuras policiales y su vínculo con estructuras políticas. Ese vínculo se traduce en el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, pero también genera el aumento la inseguridad, por el surgimiento de verdaderas redes mafiosas y corruptas”.

“Es necesario que cada uno de los y las que formamos parte en este acuerdo histórico podamos traducir las coincidencias en proyectos y políticas concretas que atienda en forma urgente las legítimas demandas de la sociedad”, concluyó.