Casi al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aparecieron “paquetes integrales” para dar respuesta o intentar, al menos, dar una opinión sobre uno de los principales temas de la agenda pública como es la seguridad. Por una cuestión de lógica temporal, resulta ilustrativo considerar dos “especies de paquetes legislativos” que ingresaron casi al mismo tiempo en la Cámara baja para encontrar los sentidos que actúan en el debate parlamentario de cara a una de las principales demandas sociales como es el tema de la seguridad.

Por un lado, los diputados del bloque de Unión PRO de la provincia de Buenos Aires, que comanda Ramiro Gutiérrez, presentaron una batería de medidas tendientes a “devolver la tranquilidad a la angustiada población bonaerense”, según sostuvieron los legisladores de ese espacio político.

Por otro lado, Carlos Nivio, el diputado socialista que integra el bloque Frente Coalición Cívica Gen/PS, solicitó a la Cámara de Diputados la adhesión al “acuerdo para una política de seguridad democrática” que se presentara en el Congreso nacional, con la firma de representantes del más amplio arco político y social del país, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, religiosos, culturales y de los derechos humanos.

Los motivos esgrimidos por uno y otros comienzan a indicar los diversos caminos por los que transitan las respuestas.

“Preocupados por la cuestión de la inseguridad, de la que el Ejecutivo parece no encontrar la llave y se muestra desorientado para aminorar el delito y el crimen en la Provincia, hemos presentado varias iniciativas para contribuir con el bienestar de la sociedad”, aseguraron desde la bancada que agrupa a denarváistas y macritas en el recinto de la Cámara baja.

La resolución presentada por Nivio fundamenta la adhesión al acuerdo con que “las políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales sólo han agravado el problema reproduciendo aún más la violencia” y agrega que “el engaño del discurso de la mano dura con respuestas autoritarias e ineficientes frente al delito, provoca fuertes dosis de exclusión y nunca fueron solución”.

Nivio sostiene que “el tema requiere una discusión abierta y pluralista, sobre bases democráticas y ajustadas a criterios profesionales, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad”, motivo por el cual solicita a la Cámara provincial que adhiera al Acuerdo, para que “éste constituya un herramienta en ese sentido”.

Haciendo las veces de vocera de la bancada de Unión Pro, la diputada Nancy Monzón dijo que “el Ejecutivo ha mostrado en los últimos tiempos una inverosímil incapacidad para combatir el delito y la inseguridad en la Provincia, con justificativos, sin fundamentos y trata de ocultar una realidad que duele y enfrenta a la población”.

“Desde el PRO estamos dispuestos a aportar ideas y trabajo legislativo para que el gobernador incorpore algunas de las mismas, que coadyuvarán a que los bonaerenses tengan más seguridad”, manifestó Monzón.

Entre otras, las ideas que se desprenden de las 10 propuestas PRO, en forma de un proyecto de ley y varias declaraciones y solicitudes de informes, están: disponer de destacamentos de policía móviles, la cooperación de individuos y empresas de seguridad privada para la prevención del delito y llevar a cabo operativos shock, recurriendo a las fuerzas de caballería e infantería.

Propuesta PS

Los principios básicos del Acuerdo tienen como objetivo “la construcción de una política de Estado en materia de seguridad”, y se consigna como primer punto evitar “respuestas facilistas y autoritarias”.

Se sostiene, además, que “la mano dura que no redujo el delito, aumentó la violencia y ha llegado a amenazar la gobernabilidad democrática, constituyendo un impedimento para la profesionalización de las policías y potenciando la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”.

El acuerdo, que el diputado socialista quiere que se apruebe en la Cámara baja provincial considera que es “responsabilidad del Estado asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos, asegurando una Policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno, garantice la observancia de las reglas del proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

“Una concepción integral de la seguridad” reclama el acuerdo que suscribe el socialista “articulando las políticas de seguridad con las políticas públicas y complementando las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado”.

También se pretende una “gestión democrática de las instituciones de seguridad”, se reclama “desactivar las redes del delito para reducir la violencia, reorientando los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de las redes de delito y de los mercados ilegales” y se exige “una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal” lo que “traerá transparencia en la investigación penal preparatoria”.

Para el diputado socialista es necesario una “gestión policial no violenta en el ámbito público, para lo cual es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios”.

El acuerdo, que tiene final incierto en la Legislatura bonaerense, considera que “el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad en el impulso de políticas de seguridad democráticas” y que para el “cumplimiento de las penas en un Estado de derecho, se debe garantizar la prisión preventiva y de la pena en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y que no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver”.

Propuestas PRO

Entre la decena de proyectos presentados por el bloque de Unión PRO, a través de una ley, se solicita “la necesidad de coordinar la tarea desempeñada por la Policía de la provincia, con la de los aproximadamente 70.000 efectivos de seguridad privada que brindan servicios en la Provincia”.

En el presente año, los índices delictivos han tendido a incrementarse de manera considerable. De acuerdo con información de la Procuración de la Suprema Corte los delitos aumentaron solo en el primer semestre de 2009 un 2,1%.

“Resulta indispensable, en el contexto actual de inseguridad, que las fuerzas de seguridad provinciales coordinen sus actividades con los agentes de seguridad privada. Hoy en día la coordinación es nula o casi nula, desperdiciando así una gran oportunidad de multiplicar la capacidad de prevención en la vía pública” se sostiene en los fundamentos de la propuesta legislativa.

Desde U-PRO consideran que “esta colaboración o coordinación traerá como principal beneficio un mayor control del espacio público, logrando una mayor y mejor protección de las personas y los bienes” y detallan que “si tomamos como base los 54.000 policías de la provincia, sumados a los 70.000 efectivos aproximados que prestan servicios de seguridad privada, se pueden sumar unos 124.000 agentes que brindan tareas de prevención”.

También formó parte del “paquete” presentado por los integrantes de U-PRO una declaración en donde manifiestan que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de las áreas que crea conveniente, lleve adelante operativos sorpresa, utilizando fuerzas de caballería e infantería en las zonas más conflictivas de Buenos Aires”; y otra que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de las áreas que crea conveniente; utilice todos los medios aéreos disponibles de la Policía y acondicione todos aquellos en estado no operativo, con el fin de detectar desarmaderos ilegales de automóviles”.

En otra iniciativa parlamentaria se reclama que el Poder Ejecutivo, maximice el control de la venta y distribución de precursores químicos, mediante la intensificación de los operativos realizados por miembros de Policía de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas para terminar con el comercio ilícito de estos productos y finalizar la fabricación clandestina de drogas sintéticas”.

Los diputados de U-Pro “verían con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente las medidas necesarias para disponer de destacamentos de policía móviles con el fin de restablecer la presencia policial en aquellos lugares de la Provincia en los que se detecta un abrupto incremento de la actividad delictiva y se observe marcada ausencia de presencia policial” al mismo tiempo que se reclama que se “lleve a delante el despliegue en tareas de seguridad preventiva de personal perteneciente a los diversos Grupos de Apoyo Departamental (GAD) en las calles de la Provincia, con el propósito de aumentar la capacidad preventiva de la policía bonaerense”.