Tal cual había anticipado la Coalición Cívica el lunes, el macrismo se sumó al pedido de que el Parlamento tome cartas en el asunto, ante la convicción de que las escuchas son un delito federal.
El PRO quiere que intervenga el Congreso Nacional al considerar que si se investiga un delito federal con un juzgado federal interviniendo, se debilita cualquier intento de investigación por parte de la Legislatura porteña.
Por ejemplo, si la Comisión Investigadora que apruebe la Legislatura pide que se cite al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, al jefe de Gabinete Anibal Fernández, al ministro del Interior, ó al jefe de la Policía Federal, se pueden negar a concurrir porque se trata de un delito federal.
Así las cosas, no se descarta que desde el PRO se proponga una reunión con carácter de urgencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para que se establezca y determine cual es el protocolo de seguridad para validar los oficios judiciales que recibe la Secretaría de Inteligencia para realizar escuchas telefónicas.
Asimismo reclama saber quienes son las personas involucradas en hacer operativas la orden judicial de escuchas telefónicas; cual es el mecanismo de seguridad o protocolo que se sigue para la entrega material resultante de las escuchas, qué constancias se requieren para verificar que efectivamente tal material llega al juzgado que ordenó la escucha, garantizando la confidencialidad del caso y de los datos.
A través de un comunicado, el PRO pide conocer qué registros se guardan de tales grabaciones más allá de su entrega material mediante cassettes al juzgado involucrado.
cual es la política o protocolo de confidencialidad que sigue la SI para garantizar la inviolabilidad de los datos obtenidos durante el proceso de intervención telefónica.
“Que registros o datos se tienen de los teléfonos intervenidos por orden judicial, como se respaldan, quien es el funcionario a cargo”, es otro de los requerimientos que hace el PRO, que habla de la necesidad de desarrollar la más amplia investigación y sin limitación alguna para determinar las responsabilidades funcionales y orgánicas internas de la SI en materia de escuchas telefónicas y en punto al resguardo y confidencialidad con la cual se realizan tales procedimientos.
“Ni la sentencia de primera como la de segunda instancia dedican párrafo alguno respecto del rol que desempeñó en toda esta situación la SIDE”, apunta a su vez el PRO.
