La ministra analizó con la legisladora kirchnerista el proyecto de ley que garantiza el cumplimiento de los derechos de los aborígenes.
La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, recibió a la diputada nacional Silvia Vázquez, y a representantes de los Pueblos Originarios, con quienes avanzó en el proyecto de ley que contempla el recupero del derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras, la obtención del status de persona jurídica de derecho público, además de diversas reparaciones referidas a la identidad cultural de los mismos.
En ese sentido, la ministra Kirchner afirmó que “seguimos luchando para conseguir la igualdad de oportunidades como lo venimos haciendo desde mayo de 2003, y en este Bicentenario seguimos trabajando para elevar la calidad de vida de cada argentino, en este caso particular el de nuestros pueblos originarios”.
La titular de la cartera social se mostró “de acuerdo” con el proyecto de ley de la diputada Vázquez, al tiempo que resaltó “la importancia de darle una mayor celeridad al mismo y lograr así una mayor participación de las organizaciones y representantes del Consejo de Participación Indígena sobre los destinos de nuestro país”.
Por su parte Silvia Vázquez, diputada y representante de la Concertación FORJA, aseguró que “este tipo de encuentros sirven para aunar criterios, generar consensos, y nos permiten seguir profundizando este modelo de inclusión social para lograr la igualdad de oportunidades”.
Cabe destacar, que a partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el Gobierno asumió como Política de Estado no solo la de consulta a los Pueblos Originarios en todos los intereses que les afecten, sino la de una participación en la construcción conjunta de políticas en relación a la instrumentación del reconocimiento de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En ese marco, el Congreso de la Nación sancionó en noviembre de 2006 la Ley Nº 26.160, cuya principal impulsora fue la ministra Alicia Kirchner, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación.
