Representantes de la Federación Agraria se reunieron con diputados nacionales. Plantearon que, además, urge el tratamiento de la iniciativa que busca frenar la extranjerización de la tierra.
Los miembros de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Tierras de FAA se reunieron con un grupo de diputados nacionales que han presentado proyectos de ley relativos a la problemática de la tierra.
“Luego de analizar la situación que viven los productores en distintos puntos del país, y de lo que dialogamos con los legisladores nacionales, decidimos realizar en la primera semana de octubre una audiencia pública para impulsar los proyectos de ley que buscan frenar los desalojos que día a día sufren cientos de pequeños productores”, señaló Omar Príncipe, secretario gremial de FAA y titular de la comisión.
“Asimismo, vamos a seguir luchando para que se traten con urgencia las iniciativas impulsadas por FAA y presentadas por los diputados Orsolini y Forte, tendientes a frenar la extranjerización de la tierra y a establecer un régimen nuevo de contratos agrarios, más conocida como ley de arrendamiento. Porque cuando hablamos de todos estos problemas que padecen los pequeños productores, que tienen que ver con el acceso y el uso de la tierra, estamos hablando, claramente, de violaciones a los derechos humanos más básicos de miles de familias argentinas, a las que el Estado viene dándole la espalda, y deben sufrir los embates de los sectores concentrados que vienen por la tierra”, remarcó Príncipe y agregó: “No se puede pensar siquiera en la implementación del Plan Estratégico Agroalimentario sin asegurar el acceso a la tierra”.
Los federados se reunieron con los diputados Ulises Forte y Pablo Orsolini (UCR) y Jorge Cardelli (Proyecto Sur), y los asesores de Lisandro Viale (socialismo) y Susana García (Coalición Cívica). “Ésta es una etapa en la que tienen que definirse estos temas; es el momento de que todos quienes han venido sólo hablando de la necesidad de legislar sobre el uso y tenencia de la tierra demuestren su compromiso real con los productores más vulnerables. Necesitamos una ley que regule la compra de tierras en manos extranjeras, que es una cuestión que va más allá de lo productivo, más allá de la defensa de los productores, porque se trata de una problemática directamente vinculada con nuestra soberanía nacional –pues obligan a pensar en manos de quiénes queremos que estén los recursos naturales- y también de la soberanía alimentaria argentina, pensando en las generaciones futuras”, concluyó Príncipe.
En la reunión, que se llevó a cabo en FAABA se analizó el trabajo que viene haciendo la Comisión durante estos últimos meses, a partir de informes regionales y por provincia. Asimismo, los representantes contaron cómo se ha avanzado en temas puntuales, como la media sanción que obtuvo en Río Negro el proyecto de ley que busca frenar la extranjerización de tierras; el caso de expropiación y colonización que se promueve en “Los Algodonales” (Santa Fe) y el trabajo que se viene realizando con el “Plan Arraigo”. También se decidió nacionalizar el conflicto que mantienen más de 30 familias en Santa Elena, Entre Ríos, que están bajo la amenaza de desalojo a partir de que el Estado provincial vendiera las tierras fiscales en las que habitan, a la empresa Tres Arroyos y Reproductores Coob. Finalmente, se denunció la complicidad de sectores del poder público de la provincia de Santiago del Estero, con inversores externos que continúan desalojando campesinos, y las escandalosas ventas realizadas por la Subsecretaría de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico de Río Negro de tierras fiscales denunciadas por legisladores provinciales de miles de hectáreas a valores irrisorios.
Con los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de los años 1988, 2002 y 2008 (es decir, un período de tiempo de 20 años), se constató que desaparecieron 87.688 agricultores entre el primero y el segundo y 59.943 entre el segundo y el tercero, y que los mismos pertenecían a la categoría de pequeño productor agropecuario. En 2002 existían 333.533 establecimientos; en 2008, esa cifra cayó 18% y se redujo a 276.581, de los cuales 25.499 no poseen límites definidos.
El Censo Nacional Agropecuario del año 2002 determinó que existen un total de 6.211.243,2 hectáreas ocupadas con carácter precario, es decir, sin título de propiedad ni contrato escrito que avale la tenencia (1.759.708,8 son ocupaciones de hecho). Sin embargo, la información correspondiente al CNA 08 referente a Explotaciones sin título aún no han sido publicadas.
