La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense avanza en la acusación sobre un funcionario judicial de Morón por su posible participación durante los años de la dictadura militar.
Se trata de Federico Nieva Woodgate, quien durante el juicio a ex integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense realizado en La Plata fue señalado como juez durante el proceso militar.
El diputado bonaerense integrante del bloque FpV/PJ, y presidente de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Villegas anunció nuevamente (ya lo había hecho el 19 de julio de este año) la investigación que realizarán acerca de la participación que podría haber tenido el Fiscal General de Morón Federico Guillermo Nieva Woodgate, durante los años de la dictadura militar.
El funcionario judicial quedó señalado durante el juicio que se llevó a cabo en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a ex integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense por homicidios, tormentos y privación ilegítima de la libertad.
Además de las condenas a los referidos acusados, el Tribunal integrado por los jueces Carlos Alberto Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, pidió de forma unánime, que “se continúe la pesquisa en relación a las autoridades militares que habrían participado en los hechos, como así también de los Jueces mencionados en las audiencias , a saber, entre otros a Federico Guillermo Nieva Woodgate”, ex Juez de la Dictadura y actual Fiscal General de Morón, quien ahora sería imputado por los delitos de lesa humanidad.
Villegas sostuvo que “sin justicia no hay seguridad”. “¿La corporacion judicial no sabía nada de esto?”, se preguntó el legislador quien señaló además que “un año atrás, el Dr. Drochi (Juez penal de La Matanza) había acusado públicamente a Nieva Woodgate”. “¿Lo investigaron o solicitaron su investigación? ¿Y la obligación de súper intendencia que deben ejercer dónde quedó? Son interrogantes que hoy me hago”, remarcó.
Cabe recordar además, que el 15 de marzo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires determinó la nulidad de la Resolución fechada el 13 de junio de 1977, Nº 3001-18.806/77, un expediente que dispuso “recomendar” a los diversos tribunales y jueces de la provincia “que en la tramitación de Hábeas Corpus […] se abstengan de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto, relacionados con personas detenidas o desaparecidas”.
El máximo tribunal resolvió además, “realizar una investigación sobre cualquier antecedente emanado de esta Suprema Corte y la Procuración General producido durante el período comprendido entre 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con características similares al que da cuenta la presente, en los que pudo haber quedado comprometido el respeto a los principios básicos del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas”.
“La justicia no puede tener aquellos que desde el poder judicial por omisión o por acción participaron en la comisión de estos delitos”, recalcó el titular de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
