El jefe de bloque radical en la Cámara alta, Gerardo Morales, había pedido realizar la reunión para tratar el tema, pero el secretario de la comisión no hizo el llamado formal a los integrantes del cuerpo. Habrá un plenario el 2 de noviembre.
Los bloques opositores en el Senado no pudieron comenzar a analizar el proyecto reforma a la Ley de Administración Financiera, es decir, los superpoderes: la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta no pudo tratar el tema debido a que el secretario de dicho cuerpo no realizó el llamado formal a los integrantes del cuerpo.
Este martes, durante la firma del dictamen de mayoría sobre promoción industrial, el jefe del bloque radical en la Cámara alta, Gerardo Morales, había solicitado realizar este miércoles –a las 12- una reunión de la comisión que preside el legislador oficialista Eric Calcagno para tratar el tema.
Los senadores que se presentaron este jueves al Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo fueron, además de Morales, el pampeano Carlos Verna, la porteña María Eugenia Estenssoro, el mendocino Ernesto Sanz, el santafesino Carlos Reutemann y la cobista Laura Montero, es decir, todos opositores.
Pasada la media hora se determinó, y en conocimiento de lo que había sucedido con el secretario de la comisión, que se firmara un acta, que se integrará en la sesión de este miércoles.
El tema de los superpoderes se trataría, en principio, el martes 2 de noviembre, a partir de las 17, en lo que sería un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Asuntos Constitucionales.
La reforma a la Ley de Administración Financiera, que es impulsada por Morales y el salteño Juan Carlos Romero -Peronismo Federal- plantea, entre otras cosas, la modificación del artículo 37 de la ley 24.156 para volver a la redacción original de la norma y dejar de lado las facultades que se otorgaron en su momento al Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto.
Dicho proyecto señala no sólo que “la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución”, sino que propone también que queden “reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto”.
Por su parte, el Congreso volvería a intervenir en el tema ya que quedarán reservados para el Parlamento “los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades”.
La iniciativa restablece el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que deja en claro que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención. Además prohíbe incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
