Con más de 50 exposiciones se dio por finalizada la primera audiencia pública sobre la reforma al régimen contravencional provincial. La apertura de la jornada, que se realizó en el Senado provincial, estuvo a cargo de su vicepresidente 1º en ejercicio de la presidencia, Federico Scarabino, quien destacó la realización de la audiencia al entenderla como una “de las nuevas formas de democracia y participación porque permite la opinión de la ciudadanía sobre algún tema en especial”.

Además de Scarabino, participaron también otros senadores provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición. Al respecto, Roberto Fernández, del FPV/PJ, destacó “la valentía de poner un tema trascendental para que debatan todos los actores”. Y agregó que “seguramente hay distintos pensamientos y posiciones en contra, pero de esta audiencia pública va a salir lo mejor para una reglamentación que hay que derogar porque es antigua”.

Por su parte, el jefe de bloque de senadores de la UCR, Orlando Costa, señaló que “hay una divergencia grande entre este pensamiento y el borrador que se ofreció a discusión. Pero así debe ser: que todo el mundo pueda expresar lo diferente, y veremos ahora, en el trabajo legislativo, cómo podemos superar las diferencias sin eliminarlas”.

Uno de los más tajantes fue el presidente del bloque GEN, Luís Malagamba, quien aseguró que sostuvo que “ni el proyecto que vino del Ejecutivo, ni lo que se había empezado a conversar, que en definitiva terminó siendo una mala copia, son objetivo de nada”.

Desde el sector oficialista, la senadora del FpV/PJ, Cristina Fioramonti, aseguró que le “parece muy positivo, porque lo que ésta Cámara de Senadores presentó a la ciudadanía fue un proyecto de trabajo concensuado entre todos los bloques”. Y agregó que “de ningún modo pretendió ser el código contravencional que se pretende que rija en la Provincia de Buenos Aires, sino un documento concensuado que se pudo sacar a partir de un proyecto que el año pasado había mandado el Ejecutivo”.

Si bien hubo un total de 72 inscriptos, por ausencia, sólo 50 fueron los oradores que tomaron la palabra. Llamó la atención que quien estaba inscripto y presente en el recinto, pero decidió no hablar, fue el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín, el único portavoz oficial.

De la audiencia participaron representantes de sindicatos, universidades, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, docentes y particulares en general, quienes en su totalidad se manifestaron en contra de la iniciativa propuesta meses atrás por el entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.

Entre los principales oradores, se destacó Fabián Salvioli, quien ofició en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de integrante del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Salvioli, quien llamó a los legisladores para que “no sólo escuchen, sino que también oigan”, aseguró que si el proyecto es aprobado, “la República Argentina va a ser rechazada mundialmente”.

Por último, en representación de la UNLP, estuvo presente María Piccone, quien le pidió al Ejecutivo provincial no “gobernar reprimiendo”. Además, exigió “un código de convivencia en reemplazo del código contravencional”.
Cabe recordar que la iniciativa debatida busca reemplazar la propuesta presentada por el ejecutivo que proponía penar con multas o arrestos, comportamientos contra “la moralidad pública, las buenas costumbres, la tranquilidad, el orden público, la fe pública y el medio ambiente”, otorgándole más poderes a la Policía en la calle.
También sancionaba a quienes provocaran peleas callejeras, a los que circulaban por la vía pública con el rostro oculto, a los que pasearan con animales peligrosos (perros de guardia) y también la actividad de los cuidacoches.