Un desconocido llamó a la puerta de la clase política argentina, y finalmente en 2010, le abrieron. Desde siempre quiso entrar. Quizá no gritaba demasiado fuerte. Quizá esgrimía los argumentos equivocados.

Pero este año, Ambiente descubrió una nueva puerta. Desconocida. Lateral.

¿Cómo usar la agenda ambiental para construir capital político? Esta pregunta, ausente de la arena pública en ciclos anteriores, ocupa actualmente las preocupaciones de muchos legisladores y funcionarios que se vieron carentes de argumentos (y por ende, de posición tomada) durante el encendido proceso de tratamiento de la, ya aprobada, Ley de Glaciares.

La Ley de Glaciares era el ejemplo que faltaba para ilustrar un horizonte político que viene reverdeciendo. Estamos cerca de que culmine el Año Internacional de la Diversidad Biológica, y vale preguntarse ¿cuán importante es para el desarrollo sostenible de la Argentina su capital natural?

La respuesta no es nada compleja, una noción poco generalizada, pero de entendimiento casi intuitivo. El capital natural de la Tierra le brinda a la sociedad un flujo constante de servicios vitales: provisión de alimentos, agua dulce, fibras, recursos genéticos, productos bioquímicos, y farmacéuticos; regulación de la calidad del aire, del clima, de enfermedades, y de la erosión de los suelos. Además de los valores culturales, de recreación, estéticos y espirituales.

A pesar de su importancia evidente, el capital natural de la Argentina es poco conocido, escasamente monitoreado y, en muchos casos, está degradado y agotándose rápidamente. El principal motivo de este estado de ignorancia predominante, sobre el valor que tienen los bienes y servicios ambientales, es su invisibilidad económica.
La valoración económica de los bienes y servicios de los ecosistemas es parte de una fuerte tendencia mundial de la que Argentina no puede autoexcluirse. Más aun, considerando que nuestro país se encuentra entre los 10 que totalizan más del 60% de la capacidad de la tierra de proveer servicios ambientales de importancia global, como la producción de alimentos y la captación de CO2. Esto significa que, la Argentina es el noveno país en recursos naturales del mundo, y en este contexto es de suma importancia analizar económicamente los bienes y servicios que los sistemas naturales aportan a la economía nacional, teniendo en cuenta los pilares de nuestro sistema productivo. He aquí un nicho vacío que debe ocupar la política.

El Gobierno nacional se encuentra firmando en estos días la renovación de su compromiso con la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD). Una de las metas acordadas para cumplir en 2020, implica que las partes del tratado protejan, al menos, el 15% de la superficie de sus regiones naturales, terrestres y marinas.

Las áreas protegidas son las mejores herramientas con las que cuenta el Estado para conservar a largo plazo su biodiversidad y sostener la provisión de servicios ambientales a la sociedad. La fotografía actual de la Argentina muestra que el 7,7% de nuestro territorio (sin considerar al Mar Argentino) se encuentra bajo alguna figura de área protegida (parque nacional, reserva provincial, reserva privada, entre otras categorías). Pero nuestro Sistema Federal de Áreas Protegidas es acreedor de dos fuertes críticas. La primera tiene que ver con la efectividad en el manejo de las unidades que lo integran: casi el 60% de las áreas protegidas del sistema tiene un grado de control nulo, sin ningún tipo de presencia institucional en el territorio. La segunda: por lo menos cuatro regiones distintivas de la Argentina que deberían alcanzar la meta del 15%, tienen niveles de protección extremadamente bajos, los Pastizales Pampeanos (1,02%), el Mar Argentino (no alcanza el 1%), el Chaco Húmedo (3,2%), y el Espinal (0,57%).

En nuestro país no existen cálculos sobre el valor real que aportan las áreas protegidas a la economía nacional. Pero las conclusiones a las que están llegando estos análisis en otros países de la región (México, Perú, Guatemala), dejan poco lugar a la subestimación. A modo de ejemplo: la evaluación mexicana concluyó –conservadoramente-, que por cada peso que el Gobierno federal invierte en su sistema de áreas protegidas, éstas le devuelven en concepto de servicios de turismo, flujo y calidad de agua, y mitigación de cambio climático, por lo menos 56 pesos.

El próximo año la Argentina asumirá el liderazgo del G77, grupo que actúa alineadamente en las negociaciones de la CBD. El país se encuentra voluntariamente adscripto a alcanzar la meta del 15% de protección, pero el cumplimiento de este compromiso no se fundamenta exclusivamente en la necesidad de acatar el derecho internacional. Es probada la relevancia que tienen las áreas protegidas, no solo como herramientas de conservación de nuestra biodiversidad a largo plazo, sino como sostenedoras de servicios ambientales que repercuten directamente en la economía nacional.

Nuestro perfil de país, construido a partir del aprovechamiento del capital natural, careció en el pasado de un análisis estratégico que ponderara el valor real de estos recursos. La discusión sobre modelos de desarrollo marca el pulso de la agenda política, y una nación sustentada históricamente en sus recursos naturales debe planificar su futuro sobre la base de la dinámica de sus ambientes.

Las necesidades del presente nacional necesitan articularse con el escenario que plantea un mundo cada vez más demandante, que ejerce una presión constante sobre la disponibilidad de recursos.

Argentina tiene una posición de privilegio, pero le ha llegado el momento de dar respuesta al gran interrogante del futuro en el mundo. La puerta al debate ya se abrió este año, ahora el país necesita dilucidar con transparencia cómo valorará y posicionará en el futuro a su principal capital, la naturaleza.

* Flavia Broffoni es Coordinadora de Políticas de Áreas Protegidas de Vida Silvestre