Los bloques opositores fracasaron en el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura y de la modificación del régimen de los DNU. Tampoco consiguieron los dos tercios para habilitar el tema de los “superpoderes”. La regulación de la medicina prepaga se votó con modificaciones y volverá a Diputados. También se sancionó la Ley de Salud Mental y se avaló el permiso para que la Presidenta pueda salir del país.
Paliza del oficialismo. Así se podría definir lo que fue la última sesión ordinaria que realizó el pleno de la Cámara alta este miércoles: durante el debate, que duró nueve horas, los bloques opositores no sólo fracasaron en dar luz verde a la reforma del Consejo de la Magistratura y a la modificación del régimen de los DNU, sino que también perdieron en relación con la habilitación del tratamiento de los llamados “superpoderes”.
Durante la sesión hubo tiempo para tratar otros temas. Se sancionó la ley de Salud Mental, se aprobó con modificaciones el proyecto que plantea la regulación de la medicina prepaga, que vuelve a la Cámara baja, y se avaló el permiso para que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, pueda ausentarse del país durante 2011 en cumplimiento de funciones de gobierno como primera mandataria.
La sesión, que comenzó a las 15.30 gracias a la presencia de legisladores oficialistas –no había quórum-, comenzó con un homenaje a la tarea del periodista del Buenos Aires Herald, Robert Cox, por su labor durante la dictadura militar. Luego se dio aval a la entrada de pliegos de ascensos militares, que deberán evaluarse en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuyo presidente es el chubutense Marcelo Guinle. Seguido a eso se produjo un extenso debate sobre lo acordado en Labor Parlamentaria, que terminó aprobándose tras varios cruces entre kirchneristas y opositores.
Superpoderes
Como no había dictamen, el tema, para habilitarse sobre tablas, debía ser aprobado por los dos tercios de los presentes en el recinto de la Cámara alta, algo que indicó claramente el líder de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Al momento de la votación, 33 legisladores votaron a favor del debate, mientras que 36 lo rechazaron.
El proyecto opositor planteaba modificar el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es decir, la eliminación de los “superpoderes”. Round 1 a favor del oficialismo.
Reforma del Consejo de la Magistratura
El proyecto opositor –ya contaba con el aval de la Cámara baja- aumentaba de 13 a 18 los integrantes del Consejo. Además se restituía la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, se otorgaba una conformación con menos representantes del poder popular, y se reducía de cinco a tres los miembros que respondían al oficialismo.
La senadora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, Liliana Negre de Alonso, resaltó que el Consejo de la Magistratura debía estar liderado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo que el proyecto opositor apuntaba a un “equilibrio de poderes”.
Por su parte, el legislador kirchnerista y líder de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Nicolás Fernández, sostuvo que “es absolutamente mentira que el oficialismo tenga poder de veto” con la actual conformación.
La afirmación del santacruceño fue rechazada por Negre de Alonso y por el senador mendocino y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, que aseguró que “con el veto, un juez de la república puede no juzgar ni investigar al poder porque siempre sabrá que, al final del camino, necesitará el voto de un oficialista”.
Sanz admitió que hubiese preferido “una ley más simple”, y puso de ejemplo un proyecto presentado por él, que tenía dos artículos. El central, según indicó el legislador, llevaba la cantidad de integrantes de 13 a 15, con la entrada de un abogado y un académico al Consejo de la Magistratura.
Al momento de hacer uso de la palabra, Pichetto expresó que “si la Corte Suprema preside el Consejo de la Magistratura, estaría logrando una concentración de poder”, y detalló: “Cuando uno analiza el actual funcionamiento del Consejo ve que las votaciones, prácticamente, fueron por unanimidad”.
Pichetto también manifestó que la iniciativa opositora era “un disparate institucional” e insistió con la falta de número para darle aval al proyecto. En clara referencia a los legisladores antikirchneristas, sostuvo: “Tienen ganas de perder y que el resultado final sea la derrota”.
La frase del rionegrino se cumplió al pie de la letra: la votación fue un abultado 38 a 31 a favor del rechazo del proyecto opositor. Al oficialismo se le sumaron los pampeanos Carlos Verna y María de los Ángeles Higonet. Round 2 para la bancada kirchnerista.
Modificación del régimen de los DNU
El proyecto opositor dejaba constancia que cualquier Decreto de Necesidad y Urgencia, para mantener vigencia, iba a necesitar la aprobación de las dos Cámaras del Congreso, dentro de un plazo de 60 días.
Además, la iniciativa ampliaba de 16 a 24 los integrantes de la Comisión Bicameral, que es la encargada de estudiar la legalidad de los decretos, e iba a estar presidida por un legislador opositor.
Fernández arrancó el debate con una definición contundente: “Un DNU es ley desde que es emitido, salvo que lo rechacen las cámaras”.
La senadora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Sonia Escudero, planteó que “una ley no puede ser ley si las dos cámaras no están de acuerdo, es inconstitucional”. Además aseveró que “el Congreso tiene la obligación de controlar si están dadas las razones de necesidad y urgencia del decreto, el régimen actual permite que el Ejecutivo gobierne a través de los DNU sin control”. Y concluyó: “Veo que la Argentina se va encaminando hacia un Estado totalitario”.
La votación sobre este tema tuvo el mismo destino para los opositores, que fue la derrota: 36 legisladores oficialistas rechazaron el proyecto. Los antikirchneristas sólo consiguieron 29 adhesiones. Round 3 para el kirchnerismo. En esta instancia, las caras largas en el radicalismo, Peronismo Federal y otros monobloques eran más que evidentes.
Regulación de prepagas
El titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, que es el radical José Cano, agradeció la predisposición de los legisladores presentes para tratar la cuestión y enunció los cambios que, a su entender, eran necesarios.
A pesar de algunos cruces con la vicepresidenta de la comisión, Liliana Fellner, y sabiendo que los números no lo favorecían, el tucumano debatió intensamente y logró, finalmente, un acuerdo con el oficialismo.
La votación en general fue unánime: 59 legisladores votaron el texto aprobado en 2008 en Diputados. La iniciativa fue impulsada en la Cámara baja por la ex legisladora y actual embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja.
Al momento de realizar la votación en particular, algunos cambios fueron realizados, por lo que el proyecto deberá volver a Diputados. Para Cano y Fellner, esta norma fue una victoria, ya que pudo ser tratada y no perdió estado parlamentario.
La iniciativa expresa que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación. No obstante estará encargada, en cuanto a la “relación de consumo” y a la “defensa de la competencia”, la Secretaría de Comercio, algo no compartido por el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, que expuso sobre el tema la semana pasada en un plenario realizado en la Cámara alta.
Por otra parte, el proyecto establece que las empresas están obligadas a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La iniciativa también deja en claro que la edad no puede ser utilizada como criterio de rechazo al momento de realizar la admisión, mientras que a los mayores de 65 años, con al menos diez años de antigüedad, no se les podrá aumentar la cuota.
Finalmente, el proyecto prevé que los contratos de prestaciones necesitarán ser autorizados por el Ministerio de Salud, y los usuarios podrán rescindirlo en cualquier momento, sin limitación alguna.
En los cambios realizados se destacan la anulación del artículo 22, que hablaba de reservas técnicas; la modificación en el primer artículo, que ahora excluye a “las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones”; y el cambio en el inciso b del artículo 25 –planteado por Escudero-, que habla de las multas: ahora el texto dirá que “el importe mínimo será de tres cuotas, y el máximo no podrá pasar el 30 por ciento de la facturación del ejercicio anterior”.
Ley de Salud Mental
El proyecto votado el año pasado en Diputados propone, entre otras cosas, plantear la internación como último recurso.
Algunos senadores opositores, como la chubutense Graciela Di Perna –se abstuvo en la votación en particular-, pidieron cambios, algo que no fue aceptado por el oficialismo.
Se realizaron dos votaciones. En general, la medida tuvo 47 adhesiones afirmativas y la abstención del radical Eugenio “Nito” Artaza. En particular, 44 legisladores estuvieron a favor de la aprobación y tres la rechazaron. Sólo se abstuvieron Artaza y Di Perna.
Muchos son los artículos a destacar en este proyecto. El primero resalta que “la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La autoridad de aplicación será el ministerio liderado por Manzur, y la atención en salud mental estará “a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente”.
El artículo 15 menciona que “la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios”, mientras que el 18 establece que “la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación”.
Otro artículo a destacar es el 20, que impone que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”. El 23 señala que “el alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez”.
El texto aprobado deja en claro que “queda prohibida la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”, y se detalla no sólo que “las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales”, sino también que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592”.
También se sostiene que “en forma progresiva y en un plazo no mayor a tres años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento del presupuesto total de salud”, y que se promoverá que “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”.
Por otra parte, la norma sustituye el artículo 482 del Código Civil, que ahora dirá que “no podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial”.
¿Sesión extraordinaria?
Según fuentes legislativas, el oficialismo intentaría realizar una sesión extraordinaria en la que se tratarían, en principio, la prórroga del impuesto al cigarrillo –de no debatirlo, el mismo pasaría a formar parte de la masa coparticipable- y la aprobación de ascensos militares, que primero necesitarán el despacho de la Comisión de Acuerdos.
