El candidato a presidente por Proyecto Sur, Fernando Solanas, y el vicepresidente segundo de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Julio Raffo (integrante de las Comisiones de Seguridad y de Justicia), calificaron como “un acto de irresponsabilidad” el retiro de la presencia de efectivos de la Policía Federal de sitios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tales como escuelas y hospitales que directamente afectan la seguridad cotidiana de sus habitantes.

Solanas manifestó que “la efectiva operatividad de la Policía Metropolitana y las políticas de seguridad pública implementadas por la actual gestión del jefe de Gobierno Mauricio Macri y el Ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro, no han demostrado estar a la altura de las exigencias ciudadanas y no han demostrado, en los hechos, haber efectivamente asumido todas las funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte Julio Raffo señaló que “si bien el artículo 7 de la ley 24.588 (Ley “Cafiero”) establece que “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”, también aclara que “el Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires””.

“Si el Gobierno nacional a través de la decisión recientemente adoptada por el Ministerio de Seguridad, de retirar los servicios adicionales de la Policía Federal Argentina en destinos de jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, significan el haber renunciado al ejercicio de las facultades de seguridad que la ley Cafiero le impone como obligación, entonces debería transferir inmediatamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la dirección de las fuerzas de seguridad federales que operan en el ámbito de su jurisdicción”, apuntó el legislador.

Por último Solanas afirmó que “tanto el Gobierno nacional como el gobierno de esta ciudad eluden las responsabilidades que a cada uno de ellos les compete, dejando así de rehenes a los trabajadores de las dependencias públicas y a los ciudadanos que concurren a ellas diariamente”.