El Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires reglamentó la Ley 2681 de autoría de la legisladora Victoria Morales Gorleri, del Pro. La ley establece que si una escuela de gestión privada porteña se niega a inscribir a un alumno y a comunicar a la familia los motivos de esa decisión, puede ser sancionada con multas de entre 10 y 50 veces el valor de la cuota mensual promedio del establecimiento.

Además, las sanciones de las instituciones serán publicadas en el sitio web del Ministerio de Educación.

La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Educación porteño. El texto establece que las causas aludidas por los establecimientos para negar la inscripción o reinscripción de un alumno deben surgir del incumplimiento de los reglamentos internos, proyectos educativos u otros acuerdos entre la familia y el colegio. Por su parte, la familia puede solicitar por escrito la fundamentación de la negativa.

“Si bien es real que algunas escuelas ya cumplían con el requisito de informar a las familias, la situación es que otras no lo hacían o si lo hacían no daban explicaciones del por qué. Esto generó algunas denuncias en la Defensoría del Pueblo y gracias a la ley se ha regularizado. Creo que al estar ordenado este procedimiento ayudaremos a impedir que nuestros pibes se queden fuera del sistema educativo o que se den situaciones de discriminación”, explicó Morales Gorleri.

Después de ocho años durante los que se presentaron diferentes proyectos, la ley 2681 logró un amplio consenso, en el marco de un debate democrático. El decreto, que fue firmado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, reglamenta la ley y su modificatoria.