La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió por unanimidad asumir el rol de acusador contra una fiscal del Departamento Judicial de San Isidro.
La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires presidida por el diputado bonaerense Gabriel Villegas resolvió por unanimidad asumir el rol de acusador contra la fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, María del Carmen Gigante.
La acusación se basa en tres expedientes por la comisión de distintas infracciones a la ley 13.661 durante su gestión en las Unidades Funcionales Nro. 2 del distrito Pilar y Nro. 2 del distrito Tigre y como Fiscal de Juicio ante el Tribunal en lo Criminal Nro. 5 de San Isidro.
En la denuncia impulsada por el senador José Molina y el por entonces diputado Guido Lorenzino Mata, se le adjudica no haber requerido allanamientos para continuar la pesquisa; delegar la investigación; no presentarse en el lugar de los hechos; no recabar pruebas; disponer el archivo de una causa sin informe médico legal ni haber escuchado a la víctima; ausencia total de investigación; confundir roles procesales y atraso en la producción de pruebas.
En tanto, en la denuncia impulsada por el actual Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y Ana Liliana Malecki, Directora de Asuntos Jurídicos De La Nación, se la acusa por 8 hechos.
Entre ellos: mal desempeño en una causa de abuso sexual; no incorporar los estudios de alcoholemia y un envase de bebida incautado en el interior del camión en una causa en la que se investigó el fallecimiento de un menor embestido por un camión cuyo chofer estaba en estado de ebriedad; no concurrir a la escena del crimen en un hecho de homicidio, ni en otro de abuso deshonesto y violación.
La tercera denuncia la impulsa María Catalina Gimenez, madre de Verónica Magdalena Gimenez, una joven de 20 años, quien padece un retraso mental que equipara su madurez psíquica a la de una niña de entre 7 y 8 años, quien fuera víctima de abuso sexual con acceso carnal.
El acusado, Francisco Javier Centurión resultó absuelto por el Tribunal en lo Criminal Nro. 7 del Departamento Judicial de San Isidro porque según asentó el propio Tribunal, no existía prueba científica que permitiese acreditar el hecho, y se hizo responsable de esta falencia a Gigante, por haber sido ésta la responsable de llevar a cabo la investigación penal preparatoria.
Entre otras cosas, en la causa se menciona que tras la violación se realizaron exámenes sobre la víctima, extrayéndose muestras mediante un hisopado, cuyos resultados de análisis no fueron incorporados en el expediente, circunstancia que también determinó a la Cámara de Apelaciones a ordenar el cambio de calificación de los hechos y la libertad del imputado.
Otra de las causas que originan el pedido de juicio político contra la Fiscal es la que se inicia con la denuncia de Gisela Vanesa Vaellio en contra de su concubinario, Marcelo Augusto Escalada, quien el 15/9/2007, en el marco de una discusión conyugal, habría agredido a Vaellio tomándola a golpes de puño e infiriéndole lesiones, las que se encuentran certificadas a partir del parte médico inserto.
Sin embargo, posteriormente Gigante dispone el archivo de la causa, argumentando que “los solos dichos de la denunciante en cuanto ha sindicado a Escalada como autor de los hechos, resultan insuficientes por el momento para tener por acreditados”. El Presidente de la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, diputado Gabriel Villegas señaló que “la gran mayoría de las causas se fundan en el poco apego a trabajar”.
“Parece que el archivo de los expedientes es la forma más fácil de terminar los procesos. La Fiscal se olvidó que su trabajo es investigar”, remarcó Villegas.
Para el titular de la Comisión Bicameral, “a estos funcionarios hay que erradicarlos del poder judicial porque desprestigian la excelencia de la gran mayoría de los magistrados y funcionarios que actúan correctamente”, y agregó además, que “el poder político no está dispuesto a tolerar este desapego al trabajo. Esto queda demostrado en que dos de las denuncias son impulsadas por el Jefe de Gabinete de la Nación y por el actual Subsecretario de Planificación estratégica de la provincia de Buenos Aires”.
“Ni el gobierno nacional, ni el bonaerense son indiferentes a la injusticia”, finalizó Villegas.
