La Cámara alta prácticamente no tuvo actividad desde la sesión del 1 de junio. A principios del año legislativo los jefes de bloques diagramaron una agenda casi sin temas conflictivos, y los proyectos aprobados o sancionados fueron utilizados por el oficialismo como plataforma para elevar la gestión de Cristina Fernández, que se presentará para un nuevo período como jefa de Estado.

El funcionamiento del Senado, que debería estar fogoneado por los bloques opositores, no encuentra vuelo, y es el propio Frente para la Victoria el que sigue impulsando iniciativas: para el próximo miércoles, la bancada kirchnerista ya dejó en claro que el pleno, como objetivo principal, deberá sancionar un proyecto de ley que declara “de interés de nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos como bienes sociales”.

Justamente fue el líder del bloque del FpV en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, el que movió el tablero en relación con la próxima sesión: “La presidenta de la Nación me pidió que se trate este tema ya que tiene que ver con una política de Estado”, expresó el legislador rionegrino en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado.

El proyecto, que fue aprobado por Diputados el 16 de marzo, ya cuenta con el despacho favorable de la Comisión de Salud, aunque aún resta el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo presidente es el legislador oficialista Éric Calcagno.

Una fuente del bloque del FpV señaló a Parlamentario que el despacho en cuestión “se conseguirá el próximo martes”, día en el que se reunirá la comisión que lidera senador por la provincia de Buenos Aires, aunque sin horario confirmado al cierre de esta edición.

El proyecto

La iniciativa a ser tratada expresa que el objeto de la ley es “promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública”. El texto además detalla que la autoridad de aplicación será “el Ministerio de Salud de la Nación”, y que serán considerados laboratorios de producción pública los “del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.

El senador de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Salud, José Cano, en diálogo con Parlamentario se mostró satisfecho con la posición del kirchnerismo. En ese sentido, el legislador tucumano sostuvo: “Yo pedí personalmente la preferencia para tratar este tema. Espero que el oficialismo ahora cumpla con su palabra. Esta iniciativa es un gran impulso en cuanto a optimizar recursos humanos y bajar costos”.

Otro artículo del proyecto detalla que “la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías -ANMAT-, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de controlador y habilitador, debe exigir a los laboratorios de producción pública el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”.

Lo que ocurrió en la Cámara baja

Luego de la aprobación -fue el 16 de marzo- del proyecto de ley en la Cámara baja, la diputada socialista Mónica Fein aseguró que el Estado debía tener una política sobre este tema para “obtener medicamentos a un menor costo, garantizar la producción de medicamentos esenciales de consumo frecuente, y promover la investigación y el desarrollo de los medicamentos conocidos como huérfanos, que no resultan rentables para los laboratorios privados”.

Por su parte, el legislador del SI Eduardo Macaluse -uno de los autores de la iniciativa- manifestó: “Entendemos los medicamentos, insumos y productos médicos para el cuidado integral de la salud como bienes sociales, por lo cual el Estado es garante y responsable no sólo de regular y orientar las políticas en este campo, sino que tiene la responsabilidad de intervenir en el desarrollo, producción, distribución de los mismos”.