El diputado nacional Juan Pedro Tunessi (UCR-Buenos Aires), como apoderado junto a Luis Mariano Genovesi de Unión para el Desarrollo Social, interpusieron el recurso previsto en el artículo 71 bis de la ley 26.215, a fin de que se ordene a la presidenta de la Nación y precandidata a ese cargo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias convocadas para el próximo 14 de agosto por la “Lista 2 Celeste y Blanca K” de la Alianza Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, a “cesar de inmediato, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes, en su conducta violatoria de las disposiciones del Artículo 64 quáter, segundo párrafo del Código Nacional Electoral, y que se abstenga en el futuro a incurrir en nuevas violaciones”.

La presentación recuerda que la presidenta de la Nación, en un acto oficial que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno el pasado miércoles 3 de agosto, anunció un aumento en el haber de los jubilados, con motivo del acto conmemorativo del 25° aniversario de la fundación del Consejo Interuniversitario Nacional. “Se trata de un hecho de público y notorio puesto de resalto por la prensa, tanto escrita como televisiva. Esta conducta de la señora presidenta de la Nación es violatoria del artículo 64 quáter, segundo párrafo, del Código Nacional Electoral, conforme la modificación dispuesta por la ley 26.571”, puntualiza la presentación.

Se recuerda asimismo que el artículo 71 bis de la Ley 26.215 establece un novedoso recurso directo ante la Cámara Nacional Electoral contra resoluciones relativas a la distribución y asignación de aportes públicos y espacios de publicidad electoral. “Si bien, en principio, el recurso cabe contra resoluciones de la Dirección Nacional Electoral, lo cierto es que el Congreso de la Nación ha habilitado a V.E. a entender y considerar en forma originaria cuestiones relativas al uso de espacios de publicidad electoral y de actos de gobierno durante la campaña electoral”, añade la presentación.

La Cámara Nacional Electoral ha adoptado medidas tendientes a mejorar los aspectos institucionales del proceso eleccionario, asumiendo plenamente las facultades que explícita o implícitamente le fueron conferidas por el Congreso de la Nación. Entre otras, se destaca la acordada 82/2011 que ante la omisión del Congreso de establecer el módulo electoral, fijó su valor en $ 3,044, valorando al efecto la importancia de la regulación del financiamiento partidario para el avance del Estado de Derecho y garantizar una mayor equidad en la contienda electoral (considerando 4°).

En este contexto, se requiere a la Cámara Nacional Electoral que asuma plenamente las nuevas que competencias que le ha otorgado el Congreso de la Nación a fin de que, en su carácter de máxima autoridad en materia electoral, garantice la igualdad de todos los precandidatos en los comicios.

La razón de ser del artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, que se integra al ordenamiento jurídico de nuestro país siguiendo los más modernos antecedentes del derecho comparado, es clara y no requiere mayor explicación: mantener la igualdad de los candidatos de las distintas fuerzas políticas en el proceso electoral, asegurando la imparcialidad que debe observar el Estado respecto a la competencia electoral, impidiendo el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, evitando así que el candidato oficialista pueda aprovechar ilegítimamente la difusión de las acciones de gobierno para inducir el voto a su favor (o a favor de sus partidarios) en el comicio, en detrimento de los restantes contrincantes (Ver, Arturo Núñez Jiménez, Propaganda Gubernamental y la necesaria reglamentación del art. 134 constitucional, UNAM, México, 2011, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/22.pdf ).

“La cuestión de la equidad o igualdad en la competencia electoral no es una cuestión novedosa en materia electoral. Karl Lowenstein en su ya clásica obra ‘Teoría de la Constitución” (Editorial Ariel, Barcelona, 1976) señalaba que los Estados democráticos-constitucionales se preocupan de establecer un procedimiento electoral justo e imparcial y afirmaba sin hesitaciones que la desigualdad de los partidos en el uso de los medios de comunicación tiene una importancia decisiva para el resultado electoral, destacando que en algunos países “se ha asegurado un cierto grado de igualdad imponiendo … una absoluta neutralidad en la utilización de los medios de comunicación’. (Loewenstein, p.343/345)”, agrega la presentación.

Así las cosas, Tunessi solicita que se ordene a la presidenta “cesar de inmediato, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes, en su conducta violatoria de las disposiciones del Artículo 64 quáter, segundo párrafo del Código Nacional Electoral, y que se abstenga en el futuro a incurrir en nuevas violaciones”.