Un proyecto que obliga al Estado, a las obras sociales y a las prepagas a ofrecer servicios “integrales” a personas con discapacidad recibió este miércoles el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y podrá ser debatido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que modifica la Ley 24.901 de prestaciones básicas en rehabilitación integral de personas con discapacidad, determina en su artículo 1 -entre otras cuestiones- que “el Estado nacional garantizará el pleno goce del derecho a la salud para todas las personas con discapacidad”.

La norma obliga a los agentes de salud, organizaciones de seguridad social, entidades de medicina prepaga, a la obra social del Poder Judicial, del Congreso Nacional y a otros organismos y agentes que brinden servicios médico asistenciales a hacerse cargo de “la cobertura total de las prestaciones enunciadas” en el texto.

Entre ellas, figura que se facilite información prestacional a las personas con discapacidad, “de manera oportuna y sin costo adicional, con las tecnologías disponibles y adecuadas” a cada caso en particular.

“Deberán dar cobertura a los tratamientos adecuados, conforme el listado de prestaciones que establezca y actualice anualmente el Ministerio de Salud, con personal matriculado o habilitado por la autoridad competente”, enuncia el proyecto en su artículo 6.

La cobertura abarca a aquellas personas con “deficiencias físicas, mentales, viscerales, intelectuales o sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

El proyecto, además del dictamen de Presupuesto, ya había recibido el de las comisiones de Discapacidad y Salud, por lo que podrá ser debatido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, una vez que se cumpla el plazo de siete días reglamentarios.