Tranquera cerrada

Más allá del apuro de Cristina Fernández de Kirchner de contar con la denominada ley de Tierras, es poco probable que la iniciativa enviada al Congreso avance, por lo menos este año. Las diferencias hoy son insalvables.

Por Pablo Riveros

A pesar del impulso que le dio el Poder Ejecutivo con la presentación de una iniciativa propia, el tratamiento en el Congreso sobre límites a la extranjerización de tierras rurales sigue paralizado. La Cámara de Diputados solo avanzó en lo referido a los fundamentos de las diversas iniciativas, ya que su tratamiento en comisiones se vio frustrado en sucesivas oportunidades. ¿Existe voluntad política en el Congreso para avanzar sobre el tema? A eso se dedicó a indagar Semanario Parlamentario.

Teléfono descompuesto

Cuando Cristina Fernández de Kirchner envió su proyecto al Parlamento, todo pareció indicar que el debate sobre extranjerización de tierras volvería a ser prioridad del Congreso de la Nación. De hecho, la Cámara de Diputados contaba con las experiencias de 2010 en las que se habían abordado iniciativas de todo el arco político y con el respaldo de numerosos dirigentes sociales. Pero ni el impulsó que le proporcionó la presidenta en mayo, ni la voluntad de algunos diputados permitieron avances legislativos sobre el tema. En principio, por las disputas entre el oficialismo y la oposición. Luego, por la poca actividad que tuvo el Parlamento en vísperas de los comicios provinciales y de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto.

En cuanto al primero, el tratamiento en plenario que convocó en junio la Comisión de Legislación General se vio frustrado en tres ocasiones. Las dos primeras suspendidas por voluntad de su propia titular, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), ante la negativa de Juan Casañas (UCR) y Graciela Camaño (Peronista) de convocar a sus respectivas comisiones.

Si bien siempre expresó su voluntad de debatir, el titular de Agricultura y Ganadería cuestionó las convocatorias acusando al oficialismo de “apurar” el tratamiento “porque necesitan una noticia política”. Por su parte, Camaño argumentó que no todos los proyectos, entre ellos el del Ejecutivo, tenían giro a Asuntos Constitucionales, por lo que decidió desligar responsabilidades.

“Le pido al radicalismo que no impida el tratamiento de este proyecto” declaró Ibarra, tras recordar que “todos tienen presentados proyectos en este sentido” y que “es una deuda de la Cámara el tratamiento de la ley para impedir la extranjerización de tierras”.

Mientras tanto, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, instó al Congreso a que “avance rápidamente” en el tratamiento de la ley y desde el Pro, el único bloque que hasta el momento no había presentado una norma al respecto, Christian Gribaudo y Federico Pinedo sumaron una iniciativa propia.

Al fin

Finalmente, al tercer llamado, la Comisión de Legislación General recibió al ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, quien expuso los fundamentos del proyecto oficial pese a la ausencia de los integrantes de las comisiones restantes, como era previsible, pero ante la asistencia de numerosos diputados, en su mayoría del Frente para la Victoria.

Tras advertir que la población mundial crecerá “a un 50 por ciento en 2050” y que por eso el mundo requerirá un aumento en la producción de alimentos, Domínguez recordó que un gran porcentaje de “tierras disponibles están en Argentina, Brasil y Uruguay” y que “América Latina es la región de más recursos hídricos y eso la hace susceptible de inversiones”.

En tal sentido, el ministro sostuvo que “Argentina prevé aumentar en una década lo que se le pide al mundo para cuatro décadas”, y que por tal propósito el país debe “darle a la tierra un tratamiento diferente hasta hoy”.

Además, Domínguez consideró que “la tierra no es una inversión sino un recurso estratégico no renovable” y manifestó que con la ley se busca “que los dueños de nuestra tierra sigan siendo los argentinos”.

Las únicas objeciones surgieron desde la oposición, cuando la diputada Verónica Benas (SI), autora de una de las iniciativa, expresó su interés en el proyecto oficial pero objetó el 20 por ciento como límite establecido para la titularidad extranjera. Además, reclamó “incorporar más medidas protectivas”, entre ellas, prohibir la venta de tierras que contengan fuentes de agua y de “proteger los bosques nativos” y “el recurso humano, que es el más importante de todos”. “Pero esto proponemos también que se prohíba expresamente vender tierras que estén habitadas por pueblos originarios”, agregó la legisladora ante la presencia de representantes de pueblos originarios.

Así, a un mes de la recepción del proyecto del Poder Ejecutivo, aquel encuentro fue el primer debate del año sobre extranjerización de tierras. En verdad, el primero pero también el único, ya que la inactividad en que se sumergió el Congreso por las campañas electorales postergó su tratamiento para luego de las primarias.

Compromisos pendientes

Nuevamente fue la presidenta quien puso en agenda el debate sobre tierras. En el marco de una conferencia de prensa acerca de los resultados de las PASO, la primera mandataria aprovechó el aparato mediático que le brindó la situación y, sorpresivamente, reclamó la pronta sanción de una ley referida al tema. Al instante, desde el Congreso se mostraron dispuestos a debatir y la diputada Vilma Ibarra anunció una nueva convocatoria para septiembre, que aún no tiene fecha.

En este clima, el diputado Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro), autor de una de las iniciativas, alertó que “es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que ante la crisis mundial la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio”. Sin embargo, desde el radicalismo, el jefe de la banca de diputados, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que su bloque no pondrá obstáculos para tratar el tema pero pedirá “una agenda más amplia”.

Cabe resaltar, que hasta ahora la Cámara de Diputados no ha decidido todavía qué lugar le otorgará en su agenda a la creación de un registro único de catastro, esto es, al inventario de tierras rurales en Argentina, cuestión imprescindible, no para una ley, sino para el desarrollo de una política de Estado tendiente a limitar la extranjerización. Al respecto, los legisladores deberán optar por defender la norma del oficialismo y establecer el censo catastral dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley; o bien aceptar modificaciones, posibilidad contemplada por la presidencia, y aprobar primero una ley de catastro.

Esta segunda opción es la que impulsa Lisandro Viale, jefe de la bancada del socialismo en la Cámara baja, quién cree necesario “contar con una base catastral nacional que sea actualizada permanentemente”. “Nosotros creemos que primero hay que tener el inventario para después avanzar en la cuestión”, señaló el diputado entrerriano a Semanario Parlamentario.

Por su parte, Viale también puso en duda el 20 por ciento como límite a la titularidad extranjera de tierras, según lo establecido por la norma del Ejecutivo: “¿Cuál es el criterio, el argumento, de que no sea un 10, un 15 o un 15 por ciento? No es lo mismo mil hectáreas en La Pampa que en Jujuy o en la Patagonia”, expresó el diputado.

Poca expectativa

¿Hay voluntad para avanzar sobre el tema? Desde una primera lectura, las intenciones están materializadas en las quince iniciativas. Pero lo cierto es que los avances dependerán del ánimo de los legisladores, en el marco de una campaña que para muchos se ha vuelto legislativa, por un lado; y de la interacción de las fuerzas oficialistas y opositoras, por otro. En concreto en función de que los proyectos de la oposición no funcionen a modo de satélites del proyecto del Ejecutivo y de que se incluyan otros temas. Estos son, régimen de catastro, límites a la propiedad de la tierra, acceso a zonas fronterizas y protección de recursos naturales y humanos; entre los que se han planteado hasta el momento. En este sentido, el diputado Ulises Forte indicó a Semanario Parlamentario que el debate no prosperará si no se supera la “intransigencia” del oficialismo.

Así las cosas, restará saber si se hubiese agilizado el tratamiento si, tal como lo propuso Verónica Benas, se hubiera reemplazado la Comisión de Agricultura por la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, cuyo titular es el ex oficialista Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires). De todas maneras, está claro que el Gobierno nacional intentará capitalizar todos los avances.

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