La última semana, a sólo tres días de las elecciones generales, fue publicada en el Boletín Oficial la resolución N° 368/2011 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que autoriza la inclusión de los médicos veterinarios privados entre los sujetos autorizados a comercializar y aplicar la vacuna anti-aftosa en todo el territorio de nuestro país.

Al expresar su preocupación por la nueva norma, el diputado nacional Juan Casañas recordó que “ya en junio de este año veníamos advirtiendo sobre esta situación, e incluso presentamos un proyecto de declaración en el cual expresábamos nuestra preocupación por la entrada en vigencia de este nuevo sistema de comercialización y vacunación”.

La Ley 24.305 de diciembre de 1993 declaro de interés nacional la erradicación de la fiebre aftosa en el marco del Programa Nacional de Lucha. Una de la normas base de este plan es la Resolución SENASA 624/2002 que estableció cambios en el sistema de aplicación y certificación y cuyo resultado fue altamente exitoso en la lucha contra la fiebre a través de los Entes Sanitarios gestionados por los productores. Dicha Resolución deja sin efecto la provisión de vacunas anti-aftosa por parte del SENASA, y dispone que los costos de las mismas estén a cargo de los productores o responsables de los bovinos, quienes realizarán el pago de los mismos a través del Ente Sanitario Local. Estos últimos, que resultan los administradores del Plan de Lucha, serán quienes adquieran las vacunas y luego, una vez cumplida la vacunación, extenderán la constancia de vacunación al productor. Finalmente, los entes sanitarios locales deberán controlar y preservar la cadena de frío de las vacunas.

En este marco, Casañas dijo que “en la lucha contra este tipo de enfermedades resulta de fundamental importancia la implementación de un sistema que garantice su efectivo cumplimiento a nivel nacional mediante una vacunación sistémica”, y agregó: “La nueva disposición puede implicar serias dificultades en los controles de calidad y en las cadenas de frío, así como en el control de la aplicación de las vacunas, y sin dudas atenta contra un sistema solidario que cubre su costo a favor de los pequeños y medianos productores”.

El diputado añadió que “no debe olvidarse que el objetivo primordial del Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa es controlar y erradicar la enfermedad del territorio nacional; pues bien, ese objetivo que se ha cumplido en base al esfuerzo de los productores, las autoridades, los Entes Sanitarios locales y toda la cadena de comercialización y aplicación de las vacunas, gracias, fundamentalmente a este exitoso mecanismo de comercialización y aplicación que hoy se pretende modificar”.

“Nosotros estamos absolutamente a favor de los Veterinarios puedan ejercer su profesión en la forma más amplia posible, pero no queremos que otros intereses económicos tiren por la borda tantos año de esfuerzo mancomunado y hagan peligrar el status sanitario de nuestro país, además de perjudicar a los pequeños productores”, concluyó Casañas.