El diputado del Gen Martín Hourest expresó -según los dichos del propio director de la Agencia Gubernamental de Control porteña, Javier Ibáñez- que no se puede pretender que los que deben de ser controlados, tengan que formular las leyes, disentir o aprobarlas para poder ser reglamentadas. “Es terrible que esto suceda ya que estamos contrariando el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, llegando a trágicos sucesos como el ocurrido el pasado viernes en el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232”, señaló.

“Ibáñez no puede declarar lo que manifestó. Si es así, nos encofraríamos ante una clara confesión de una administración plutocrática contraria a todas las formas de nuestras instituciones democráticas”, dijo Hourest.

El diputado del Gen agregó que “la lectura atinada de los dichos del funcionario clarifican el motivo de la falta de reglamentación de la Ley 2.562. Y la causa no es nada más ni nada menos que el rechazo que suscita ante quienes tienen la obligación de cumplir con la Ley. Implica que el funcionario pone por encima de la decisión unánime de la Legislatura de la Ciudad, la voluntad de quienes tenían que ser controlados por esta norma”.

Para Hourest, “esto revela el modelo de funcionamiento de la administración macrista y reconoce un método utilizado para evitar cumplir con lo normado por la Legislatura sin pagar el costo político del veto”. Agregó que “Ibáñez pone blanco sobre negro en quien tiene el control real del aparato del Estado de la Ciudad. Ellos son los intereses concentrados que, según confesión de parte, digitan qué se reglamenta y qué no se pone en práctica en nuestra Ciudad”.

Recordemos que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad, a cargo de la reglamentación de la Ley 3562, sostuvo mediante un comunicado que “no se reglamentó por las imperfecciones y la falta de consenso, al momento de su aprobación, con las entidades profesionales que construyen en la ciudad. La AGC salió a buscar los consensos con los distintos consejos profesionales de ingeniería y arquitectura para poder hacer operativa una ley de difícil aplicación”. (Pagina 12- noviembre 8).

“Este tipo de lamentables revelaciones no pueden permanecer sin una aclaración y de confirmarse, solo queda esperar la renuncia del funcionario a cargo de la Agencia Gubernamental de Control”, culminó el legislador del GEN, Martín Hourest.