Diputados de la oposición cumplieron con la presentación de un proyecto para que la AFIP aclare su papel en torno a las medidas tomadas por ese organismo en lo sucedido con el diario centenario.
Tal cual se lo habían expresado el día anterior a directivos del diario La Nación durante la visita que aquellos realizaron a la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición presentaron un proyecto de resolución en el que piden que en forma perentoria la Administración Federal de Ingresos Públicos informe acerca de su intervención en las medidas relacionadas con la acción del juez federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, Carlos Foco, quien dispuso la inhibición general de bienes del diario La Nación, a raíz de un pedido formulado por el mencionado organismo.
El proyecto fue suscripto por los diputados Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Paula Bertol (PRO), quienes recuerdan que la medida solicitada por la AFIP fue a pesar de existir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohíbe exigirles a La Nación y otros 23 medios periodísticos el pago de una supuesta deuda impositiva.
Para los diputados, la pretensión de la AFIP llega en medio de lo que consideran “una fuerte embestida del Gobierno nacional contra los medios independientes, y se da al mismo tiempo que la decisión del juez federal de Mendoza Walter Bento, quien dispuso el allanamiento a otra empresa de medios, Cablevisión S.A., el nombramiento de un administrador judicial y la división forzosa de la empresa, sin que ella siquiera haya sido oída o hubiera podido ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio”.
“Tampoco se puede desligar de esta secuencia temporal la circunstancia de que a instancias del mismo gobierno nacional el Congreso sancionara una ley un régimen para regular la producción y distribución de papel para diarios, que curiosamente también es propiedad de los mismos diarios”, precisan los legisladores, para quienes la intención de la AFIP “no hace más que dar razón a las numerosas voces que se levantan en las últimas semanas en nuestro país y en el extranjero, que ponen de manifiesto los peligros que el Gobierno está creando para la libertad de expresión, garantía básica de la democracia”.
Por esa razón consideran necesario que la Cámara baja conozca a fondo los alcances del accionar de la AFIP, y acceda a la información solicitada “teniendo en cuenta la gravedad del procedimiento seguido por el organismo, por los perjuicios que podrían de ello derivar en particular contra los afectados, y en general contra el conjunto de los ciudadanos al advertir en su actuación fines persecutorios y no meramente recaudatorios”.
El pedido de los diputados
Los diputados le reclaman al organismo que conduce Ricardo Echegaray que informe “si conoce el fallo del 17 de junio de 2009 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referido a la relación entre la AFIP y diversos medios de comunicación, entre ellos el diario La Nación, por la que dispuso una medida cautelar que tiene vigencia hasta tanto se pronuncie sobre la cuestión de fondo, ratificando la dispuesta por el juez de primera instancia Osvaldo Guglielmino, que llega a su conocimiento por la revocatoria concedida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en 2008”.
Asimismo piden que se informe “la fecha en que el organismo fue notificado de la sentencia de la Corte comentada en el punto anterior”; las razones por las cuales, “estando debidamente notificada, se alza en desobediencia contra la sentencia de la Corte Suprema solicitando una medida cautelar, contraviniendo expresamente al máximo tribunal”; y las razones por las cuales “no informó al juez Folco sobre la existencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La iniciativa también solicita que se “informe sobre motivos por los que la AFIP reclama la medida cautelar sólo contra el diario La Nación y no contra otros 23 medios de prensa demandados en la misma causa judicial”; y se “informe si piensa extender pedidos similares contra los otros medios demandados”.
Finalmente, los diputados quiere que se indique “quienes fueron los funcionarios de la Administración que intervinieron en cada acto procesal y administrativo, y quienes tomaron las decisiones políticas al respecto”, y que “en su caso, informe si funcionarios del gobierno ajenos a la AFIP opinaron o hicieron llegar sugerencias sobre la forma de actuar al respecto”; además de remitir a la Cámara de Diputados “el o los expedientes completos de todas las actuaciones en poder del organismo en relación a esta causa judicial”.
