El titular del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó un extenso pedido de informes, en el cual solicita que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, informe sobre cuestiones relacionadas a las trabas para la importación de libros.

Moreno deberá explicar si se ha efectuado algún tipo de consulta a los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Educación de la Nación, o a la Biblioteca Nacional, a fin de evaluar los posibles efectos de la regulación referida sobre el desarrollo de la labor de investigadores, docentes y alumnos; y si se han desarrollado actividades o adoptado medidas tendientes a disminuir el potencial impacto negativo de la medida, durante el plazo que insumió su instrumentación.

También deberá detallar cuántos permisos se denegaron por aplicación de la resolución, detallando el tipo de publicación afectada en cada caso; cuáles han sido las razones de la denegatoria; cuál es el procedimiento y los criterios utilizados para determinar la conformidad de los productos alcanzados por la disposición; y si existen criterios adicionales a la ponderación del contenido de plomo, para determinar el ingreso de productos gráficos al país.

“Como es de público conocimiento, durante noviembre del 2010, la Secretaría de Comercio Interior dictó la resolución 453/10 que con el proclamado el objeto de resguardar la seguridad de la población, ha establecido mecanismos de control para eliminar los peligros derivados del uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos. Esta resolución fue, finalmente, puesta en funcionamiento mediante la disposición 26/12 de la Dirección Nacional de Comercio Interior y, desde entonces, ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores, que, entre otras cosas, han destacado sus potenciales consecuencias nocivas sobre la libre circulación de información y la producción científica y cultural; el fuerte contraste entre esta medida y la política adoptada en relación al empleo de otras sustancias nocivas en actividades como la minería y la agricultura; y la supuesta intencionalidad encubierta de controlar el gasto de divisas y balancear un desequilibrio de la balanza comercial”, argumentó Gil Lavedra.

“Se ha señalado también -agregó-, que al día de hoy los pedidos de licencia son resueltos con base en criterios poco claros, que se han registrado demoras que produjeron que haya faltantes en las librerías y que la medida es más una traba burocrática, que la expresión de una preocupación legítima por la salud de los consumidores, dado que las regulaciones sobre el uso de plomo son aplicadas y conocidas a lo largo del mundo”.

A su vez, el diputado Julián Obiglio presentó un proyecto de declaración expresando su enérgico rechazo a las medidas impuestas por el secretario de Comercio Interior. Para el diputado del Pro, “las medidas de Moreno son las de una dictadura. Vulneran las libertades individuales fundamentales establecidas en nuestra Constitución”.

El proyecto, que también fue acompañado por el presidente del bloque Frente Peronista; Enrique Thomas, establece que: “Las medidas ordenadas contravienen, además, vergonzosamente, la tradición cultural de la Argentina, que siempre se ha mostrado generosa a la recepción y difusión de la cultura letrada y científica extranjera, de allí la sorpresa y rechazo que las disposiciones de la Secretaría de Comercio Interior han despertado entre nuestros pares”.