La titular del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, fue invitada a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas prevista para este miércoles a las 10.30, para conversar sobre la iniciativa que busca la recuperación del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos.

Además estarán presentes el presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Juan Carlos Fábrega; y representantes de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y de la Cámara Argentina de Comercio y funcionarios del BCRA.

La iniciativa del diputado catamarqueño propone eliminar el asiento negativo, para quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o extinguido la obligación que diera origen al informe impeditivo del crédito. Hoy la ley establece que, habiendo cumplido con sus compromisos, aun así, te mantienen en condición irregular por dos años.

El autor del proyecto es el diputado Rubén Yazbek (FpV), quien sostiene sobre estos registros que “en la práctica, es fácil entrar y difícil salir”. Explica que los acreedores y los registros, informan las situaciones de mora fácil y rápido pero, cuando el titular del dato regulariza o cancela, no corrigen el asiento, y a veces lo conservan para siempre. Además el proyecto establece que quede claramente garantizado en la ley el “derecho al olvido”.

“Ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado tiempo, desde el momento en que finalizó el hecho al que se refieren. Esto es para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado o lo conviertan en un muerto civil y comercial”. Así lo expresó el diputado Yazbek que, en ese sentido, coincide con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Fallo Catania, donde se determinó que el dato adverso, transcurridos 5 años, deberá eliminarse aunque la deuda sea exigible. Lo que se impulsa de esta forma es acortar los plazos para la aplicación del derecho al olvido en deudas morosas menores a $10.000.

Asimismo, el diputado kirchnerista aclaró que “no se condonan ni perdonan deudas, podrán ser perseguidas para su cobro por todos los medios legales. Lo que se está promoviendo es la eliminación definitiva de los asientos inhabilitantes, que constan en los registros públicos y privados de información comercial tipo Veraz, Fidelitas, Nosis, entre otros, con el objetivo de que la persona recupere inmediatamente la posibilidad de obtener nuevas financiaciones o créditos, una vez regularizada su situación”.

También se busca poner un piso a partir del cual se podrá informar situación irregular por mora, que puede rondar entre 1 o 2 salarios mínimos. Esto en pos de evitar que se afecte el crédito por deudas de montos mínimos. Situación que ocurre regularmente porque muchos acreedores informan sin medir el daño que ocasiona a las personas, que, o no han contraído la deuda o desconocen que están asentados en el registro.

Yazbek expresa que se trata de “un proyecto de inclusión social, de alcance nacional, que pretende la protección ante los abusos que comenten casas de créditos que están fuera del sistema financiero y estafan a los asalariados y jubilados más vulnerables. Así, algunas personas que aparecen como mororosos, incluso con deudas pagas, tienen que recurrir a estos aprovechadores para obtener un préstamo. Además, en general, el costo financiero que pagan supera hasta 3 veces el costo de un crédito brindando por un banco oficial”.

El proyecto goza de amplio consenso entre todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ha sido trabajado en varias reuniones de asesores desde que fue presentado. Además, fue acompañado y cofirmado por diputados del Frente para la Victoria y diputados otros bloques, como el Frente Cívico de Santiago. También se han receptado otras iniciativas legislativas en ese sentido, y varias propuestas de la Dirección Nacional de Datos Personales a fin obtener un dictamen único.