El presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, se refirió al decreto 1277/12 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 25 de julio del corriente, manifestando que “la norma dictada es notoriamente inconstitucional, espantará todas las inversiones y agravará por ende la crisis energética que padece el país”.

El legislador manifestó que “esta norma viola groseramente el artículo 31 de la Constitución Nacional, al tratar de derogar a través de un decreto reglamentario disposiciones de normas de mayor jerarquía, como son los decretos delegados anteriores a la reforma constitucional de 1994, dictados con base en la ley 23.696 de reforma del Estado y ratificados por las sucesivas leyes que convalidaron las delegaciones legislativas. Para decirlo más simplemente, un decreto no puede derogar a un reglamento delegado, ratificado por el Congreso”.

Gil Lavedra agregó que “además, el decreto conculca las facultades de las provincias, pues, desde la reforma constitucional de 1994, las provincias son titulares de sus recursos naturales y la Ley 26.197, sancionada en el año 2006, llamada comúnmente ‘Ley Corta de Hidrocarburos’, consagra este principio reconociendo a las provincias las facultades de controlar y fiscalizar las áreas de explotación que se encuentren en sus territorios, así como la capacidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de inversiones y la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Federal de Hidrocarburos. El decreto, de la manera más obvia, contradice esta normativa”.

Según señaló, “increíblemente, en un momento en que la coyuntura económica es delicada para el país, el intervencionismo imprevisto, intempestivo, desmedido e irracional no consigue otro resultado que el de desalentar las inversiones. La incertidumbre se vuelve centro de cualquier decisión de inversión en Argentina”, continuó Gil Lavedra.

Además, “el decreto del Poder Ejecutivo es un paso adelante en la destrucción de un marco jurídico confiable, ya que viola el derecho de propiedad de las empresas al afectar notoriamente derechos adquiridos”.

“Resulta irónica y lamentable la manera en que se cristaliza la irracionalidad y el atropello de la medida, que se evidencia en el hecho de que se obliga a las empresas que componen el mercado hidrocarburífero a presentar planes de inversión incluso antes de que el propio gobierno nacional presente un plan para el sector, el cual aún estamos esperando. No hay políticas confiables, no hay reglas, no hay certidumbre, así no habrá inversión y el país profundizará su crisis energética”, concluyó Gil Lavedra.