La dialéctica de la relación entre lo público y lo privado ha tenido un papel fundamental en la historia de las ideas políticas hasta tal punto de poder explicar la filosofía social en función de ella. En la actualidad, la dura confrontación entre las ideologías y las teorías políticas responde en gran medida al rol que se le asigna respectivamente a lo público y lo privado dentro de la sociedad política, y al lugar que ocupa el Estado en esta dicotomía.

Lo privado se define más fácilmente por la negativa, es lo que no es público. El territorio de lo privado es aquel donde el hombre trata de alcanzar algunos objetivos que no podría conseguir en el ámbito público. No puede reducirse a lo individual, ya que hay colectivos como la familia que sin dudas se inscriben en el ámbito de lo privado.

Lo público existe dentro de una sociedad política, cuando la misma tenga constitución, o sea un organización, por más rudimentaria que ella sea.

En la tensión entre lo público y lo privado nacen un conjunto de ideas fundadas en las creencias, en los pareceres, en los recuerdos, en las tradiciones, en los mitos, en las ideologías o doctrinas políticas que forjan su pensamiento, sus consensos, su animus societatis y su voluntad sobre un porvenir compartido.

Las teorías liberales han acentuado el movimiento de las privatizaciones,
provocando la inversión de la valoración colectiva al entrar en la Modernidad, con ello se acentuó el declive del hombre público.

Pero desde comienzos del siglo XX se ha generalizado un interés desmedido por lo público y por limitar el espacio privado. Este nuevo interés se explica por la necesidad de reivindicar la política en respuesta a la interpretación cientificista del mundo. La reivindicación de espacios públicos participativos, en la filosofía práctica de finales del siglo XX, se ha empeñado en profundizar sobre los fundamentos de la democracia, toda vez que los ciudadanos han cambiado la apatía liberal por la intervención en los núcleos decisorios del poder.

En la actualidad, lo público y lo privado tienen un nuevo conflicto a atender que es el del fenómeno y las creencias religiosas.

Algunos interrogantes a responder

Pero para saber en que lugar ubicamos lo religioso nos parece necesario responder a estas preguntas:

¿Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio?

¿Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones?

¿Cuáles son esas legítimas aspiraciones o proyectos que el hombre se propone o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias?

¿Sus propósito, metas, objetivos y fines son sólo temporales, porque estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; o tiene un destino y una vocación que la trasciende?

¿Si el destino final del hombre es Dios su relacionamiento o ligazón con Él se da sólo en el hermético ámbito de su intimidad o ello trasciende al interactuar con otros hombres?

¿El relacionamiento con Dios, la religiosidad del hombre y de los hombres, se expresa en la sociedad sólo en el ámbito privado o también penetra en lo público?

¿Es posible y válido trazar una frontera entre lo privado y lo público?

¿Cómo se conjuga, distingue y complementa lo religioso en el ámbito público dentro de una sociedad pluralista y con un estado laico?

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios –lo que determina su religiosidad-, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar.

Lo absoluto del fin perseguido, Dios, y la transcendencia del ejercicio de este derecho a nos permite afirmar que el derecho a la libertad religiosa, es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes, como por la institucionales que ellas crean, frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide:
• creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos;
• rendirle culto;
• rezar;
• reunirse o asociarse con otras personas para orar o celebrar su culto;
• incorporarse, cambiar o abandonar una iglesia o confesión religiosa;
• adoptar las creencias, dogmas, y aceptar las reglas y ritos de su religión;
• expresar, transmitir o recibir información religiosa;
• prestar juramento o hacer promesa en base de sus creencias religiosas;
• ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad;
• conmemorar las festividades de su comunidad religiosa;
• contraer matrimonio según los ritos de su religión;
• recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan;
• organizar o participar en instituciones donde se estudien, investiguen, o enseñen temas religiosos;
• participar, con su comunidad religiosa, en la construcción y mantenimiento de templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación;
• participar de la vida social, cultural y política siguiendo sus convicciones morales y políticas.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común.

La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

3. Lo privado y lo público

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas iglesias o confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

El ejercicio del derecho a la libertad religiosa trasciende el ámbito de la conciencia, de lo íntimo, de lo que es privado y se proyecta también al ámbito público, lo que no implica renegar del pluralismo social y político y de la laicidad o secularidad del estado.

El neutralismo en materia religiosa, que muchas veces se pretende para lo público, parte del supuesto que desconoce la religiosidad de las persona y de la sociedad, de sus expresiones en la cultura y en la vida comunitaria, y pretende que ello debe ser herméticamente encerrado en el ámbito de los privado, cuando no de lo íntimo o de la conciencia de las personas, como existe en muchos sociedades dominadas por regímenes totalitarios o autocráticos o donde prevalecen los fundamentalismos religiosos o políticos.

Como bien nos recuerda José María Carabante Muntada “el mercado ha colonizado la vida social y las estructuras del mercado y las categorías políticas no son compatibles. El desmoronamiento de la solidaridad social, es decir, la incompetencia para la integración de los individuos en proyectos comunes de largo alcance se ha evidenciado en primer lugar a nivel nacional, pero con más virulencia en la esfera internacional, donde poco a poco se va consolidando una globalización parcial, exclusivamente económica. A ello se refiere Habermas cuando afirma que las fuentes de la solidaridad se han secado y hay que revitalizarlas. Una manera distinta pero que no se aleja de la conocida afirmación del descarrilamiento de la modernidad: hay que superar la racionalización funcional, parcial, superficial, entendida en términos económicos y no político-discursivos.” (La religión, entre lo público y lo privado. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Religión de J. Habermas, Universidad Complutense de Madrid)

Las razones que el Estado de Derecho -continúa el profesor español- trata de proveer a sus ciudadanos no son suficientes para consolidar la solidaridad entre ellos. Por ello es que Jürgen Habermas –desde una visión laica- es partidario de apelar a las tradiciones “prepolíticas”. Entre ellas, la conciencia y las grandes culturas religiosas son de enorme importancia. Este pensamiento reivindica un nuevo espacio para las categorías religiosas, aunque está muy lejos de abonar el confesionalismo, ya que su propuesta no es un reclamo para extender los principios religiosos más allá de lo que resultaría tolerable en las sociedades actuales.

Lo religioso, en el ámbito público, contribuye, entonces, a enriquecer las creencias y pensamientos que alimentan la solidaridad, la fraternidad y la amistad cívica que dan coherencia a la vida dentro de la sociedad política.

* Es miembro del CALIR, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.