Una diputada impulsa imponer cárcel de entre 5 y 15 años para quienes ofrezcan o promuevan ese delito, como así también inhabilitación perpetua en sus funciones para los funcionarios o profesionales que participen.
La diputada nacional Elsa Alvarez presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo incluir como tipo penal, el delito de tráfico de niños y de niñas, reprimiéndolo con prisión de 5 a 15 años, para todo aquel que entregara o facilitara a un menor de edad o lo recibiera a cambio de alguna retribución.
El tráfico de niños es una de las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, sostuvo la legisladora, “la madre que vende a su hijo es el eslabón más débil de esta estructura, está probado en innumerables casos que son mujeres pobres que los entregan a matrimonios de buena posición económica, tratándose de apropiaciones que se legitiman mediante la adopción”, explicó.
Por eso, añadió Alvarez, se consideró necesario tipificar expresamente la conducta de “ofrecer” o “promover” el tráfico de niños, ya que este delito es cometido por organizaciones criminales, a fin de posibilitar la sanción por conductas previas a la venta de un menor y que la represión penal se dirija contra las personas que organizan la red de tráfico y los apropiadores.
El proyecto remarca que los funcionarios públicos o los profesionales que intervengan o colaboren en una transacción de un menor de edad, sufrirán una inhabilitación perpetua en sus funciones.
Con relación a la prescripción, se adopta el mismo criterio que para los delitos contra la integridad sexual, la mayoría de edad, porque puede ocurrir que una persona cuando ya es adulta, tome conocimiento de que fue vendida y quiera promover por sí sola la acción penal.
Este proyecto -declaró la diputada Alvarez-, pretende subsanar el vacío legal dramáticamente expuesto en el llamado “Caso Fornerón” en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Argentino a hacer lo necesario para restablecer el vínculo entre un padre, Leonardo Fornerón, y su hija Milagros, nacida en el año 2000 y entregada por su madre “a unos intermediarios” a cambio de una suma de dinero.
A Leonardo Formerón, dos juzgados de Entre Ríos le negaron las peticiones que hizo, ni siquiera el examen de ADN que le adjudicó un paternidad del 99,92 % fue suficiente para restituir a Milagros a su verdadera familia.
La CIDH ordenó también al estado adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas de manera de que hechos de esta índole constituyan una infracción penal.
