Por Ricardo Jano
Se encuentra en tratamiento en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de creación de la Policía Judicial que envió en el mes de marzo el Poder Ejecutivo. Una Institución que hace más de 15 años viene reclamando el radicalismo.
Es una iniciativa que saludamos, pero necesariamente debemos advertir una cuestión en de suma relevancia que determinará el éxito o fracaso del fin propuesto.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone limitar la competencia de este cuerpo haciendo obligatoria su actuación solamente para los homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso y para los delitos cometidos por funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad respectivamente, y opcional para aquellos casos en que el fiscal dispongan su intervención en razón de la estructura organizativa de los autores que involucra, las características propias de la comisión del hecho o la complejidad requerida para la investigación.
La aplicación de esta competencia restringida determinará que la actuación de la Policía Judicial pueda verse acotada a un porcentaje pequeño de la totalidad de los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires. Considérese por ejemplo que los homicidios dolosos o en ocasión de robo son el 0,31 % de los delitos cometidos durante el año 2011.
Desvirtuación
De este modo se está desvirtuando el Instituto de la Policía Judicial, y ello es así porque desde nuestra perspectiva el concepto mismo de policía judicial supone la creación de un cuerpo especializado, técnico, inamovible, no militarizado, encargado de la investigación judicial, sin discriminar calidad, cuantía o grado de relevancia de las causas penales en las que intervenga, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público.
Este concepto, que no limita su competencia, se nutre de la naturaleza y finalidad de los actos que constituyen su accionar.
Así entonces debemos decir que la policía judicial interviene una vez acaecido el delito, y su tarea es investigativa, a los fines de individualizar a los responsables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.
Precisamente ello la diferencia de la policía de prevención o de seguridad, pues esta actúa antes, o en todo caso durante, la comisión de un delito. Dependiente del Poder Ejecutivo en razón de que su accionar, es el resultado de una política determinada de seguridad.
En consecuencia la creación de la Policía Judicial no admite limitaciones de su competencia en razón de la materia, gravedad o relevancia pública de los delitos.
Seguramente su implementación deberá ser gradual en razón del territorio o quizás también en razón de la materia. Existen cuestiones funcionales o de instrumentación en relación a diversos aspectos que hacen a la capacitación, espacios físicos, presupuesto entre otros, que impiden su total implementación en forma inmediata.
Pero la ley puede disponer esa progresividad de implementación, y no nacer disminuida, acotada a la formación de un pequeño grupo de detectives altamente profesionalizados pero que únicamente investiguen los delitos de relevancia pública.
El concepto mismo de policía judicial supone la creación de un cuerpo especializado, técnico, inamovible, no militarizado, encargado de la investigación judicial.
De aprobarse el proyecto con esta competencia limitada quizás se logre que no existan causas aberrantes que ejemplifiquen en las primeras planas la desidia y/o grados de corrupción, pero ese beneficio investigativo no será para todos los ciudadanos de nuestra provincia, la mayoría seguirá alejado de un eficiente servicio de justicia que nazca en el mismo momento que culmina de cometerse un delito, y es allí que la intervención de la policía judicial investigando y preservando la pruebas, se convierte en un eslabón fundamental en la mediación entre la paz social y el delito.
Lógicamente la prevención es fundamental a fin de reducir los índices delictuales para alcanzar la paz social, pero ella tampoco se alcanzará si no se logra reducir la diferencia que existe entre los delitos cometidos y los procesos que terminan con su esclarecimiento identificando a los responsables. Esa gran diferencia genera el convencimiento social de que la provincia de Buenos Aires es el reino de la impunidad.
Existe además de todo lo expuesto un componente gravitacional, palpable a la luz de la realidad comprobada y no de las simples conjeturas que fundamenta la necesidad de vedarle a la policía de seguridad de la provincia de Buenos Aires, atribuciones investigativas.
Sin que constituya un agravio a la fuerza policial y salvaguardando a la mayoría de sus integrantes que son honestos, hay que decir que en la bonaerense existen grupos delictivos altamente especializados que utilizan a la fuerza para delinquir por un lado y destruir evidencia o desviar investigaciones por el otro.
No es solo una creencia popular la existencia de zonas liberadas, son cuantiosas las causas en las que se denuncia este accionar, tampoco lo es la relación que existe entre el robo de automotores, los desarmaderos y el encubrimiento policial, esto por decir algunos de los delitos típicos en los que incurren determinados integrantes de la fuerza que deshonran a la institución.
Entonces surge aquí otro elemento que demuestra que la investigación no puede seguir en manos de la policía bonaerense.
La Policía Judicial debe nacer completa, así con el transcurso del tiempo podremos ver que cumple el objetivo de comenzar a resolver una parte del problema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, sin convertirse en un título más para calmar los reclamos sociales, perdiendo esta oportunidad en la que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, hemos comprendido la necesitad de su creación.
Ricardo Jano es presidente del bloque de diputados UCR de la provincia de Buenos Aires.
