Victoria Donda festejó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de Uruguay de un proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de embarazo.

Reconoció que “a pesar de las limitaciones que este proyecto tiene, pues ha debido llegarse a un acuerdo en su texto para conseguir la votación, la verdad es que implica un avance en la jerarquización y reconocimiento de los derechos de las mujeres, y lo celebramos como tal”.

“Es un proyecto absolutamente perfectible, que avanza un poco más sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras no se profundice el debate y pueda obtenerse una modificación del proyecto que garantice de modo más adecuado el acceso al aborto voluntario, habrá que allanar el camino para que las limitaciones que posee no coarten en la práctica, hasta lo imposible, el acceso adecuado a la interrupción voluntaria del embarazo”, opinó.

Es que la iniciativa dispone que no se penalizará a la mujer que desee abortar si se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales, quienes le informarán los riesgos, alternativas y programas de apoyo social a la maternidad o de adopción. Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar, el sistema de salud, público o privado, deberá realizárselo.

”En Uruguay han entendido, con el justo criterio, y por lo menos desde la sanción de su ley 18.426, que la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos y que ambos derechos deben estar garantizados por el Estado. Esa ley puso en práctica la implementación de normativa sanitaria para la atención integral de la mujer en conserjerías y acompañamiento pre y post aborto. Así se reconoció no solo la existencia de la práctica de manera extendida, sino que se trata en estos casos, de la salud sexual y reproductiva y que el Estado debe estar presente garantizándola. Esta ley redujo casi a cero la tasa de mortalidad materna en el vecino país”, señaló Donda.

Para finalizar, la diputada del FAP se refirió a la situación en Argentina: “Contamos con un excelente proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que venimos bregando para que sea tratado. Las cifras oficiales en nuestro país hablan de 500.000 abortos voluntarios cada año, 80.000 mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos realizados en forma clandestina e insegura y de la muerte de una mujer cada dos días como consecuencia de abortos clandestinos. Las cifras, y la realidad del aborto en la Argentina es tajante, y esta clarísimo que la ilegalidad de la practica lo único que provoca es mas muertes y detrimento serio de la salud de las mujeres más jóvenes y pobres. Incluso nos esta costando, increíblemente, la implementación del pleno derecho al acceso al aborto no punible. Tenemos que tomar el ejemplo uruguayo y movernos definitivamente en ese camino, es una urgencia de salud pública, justicia social y de derechos humanos”.