La diputada Victoria Donda se pronunció sobre la situación ferroviaria del Belgrano Cargas y sobre los procesamientos en la causa de los 51 muertos de Once, señalando que “sinceramente yo no veo contundente los procesamientos de Bonadío en la causa de Once como se dijo en algún medio”.

“La verdad, que Jaime y Schiavi sean llamados a juicio oral sólo por el delito de ‘dádivas’ y con todo lo demostrado hasta acá, incluso por el mismo juez Bonadío, me parece muy poco”, consideró la legisladora de Libres del Sur. A su juicio, “se tendría que dar lugar a la apelación del fiscal que solicitó incluir en su procesamiento el delito de asociación ilícita, por no haber controlado la seguridad ferroviaria y permitir el desvío de los subsidios. También se debe incluir al ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro -quien sigue ejerciendo una importante influencia, desde las sombras, en la Secretaría de Transporte- y el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien entonces tenía a cargo la actual Secretaría de Transporte”.

Al mismo tiempo, la referente del FAP sostuvo que “las concesiones iniciadas en los 90 y potenciadas durante los últimos 9 años del kirchnerismo, se realizaron para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias a costa del Estado, los trabajadores y los usuarios a través de este modus operandi, repartiéndose así los recursos públicos entre amigos. No hay país serio en el mundo que administren eficientemente los servicios públicos con concesiones de este tipo. Hoy por ejemplo, el ministro del Interior y Transporte designó la intervención administrativa de la empresa Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima (Soesa), bajo cuya órbita estaba la explotación del tren Belgrano Cargas, por su deficiente manejo de los recursos de la concesión y los asignados por el Estado para su funcionamiento. Hay que cortar de una vez con estos negociados espurios”.

Por último, la legisladora adelantó: “En estos días vamos a presentar nuestro proyecto de creación de una empresa nacional y estatal de ferrocarriles para que el Estado vuelva a administrarlos, pero con un ente de control específico autárquico, por fuera de la actual CNRT (la que por otro lado ha hecho agua), que garantice la eficiencia del servicio, las condiciones dignas de trabajo de los trabajadores, el confort de los usuarios y el uso transparente de los recursos públicos”.