El diputado nacional por el Frente Peronista Enrique Thomas presentó un proyecto de resolución en el congreso de la Nación instando a las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) a dar explicaciones sobre actual la situación de la prestación de cobertura tras las quejas de los beneficiarios en la provincia de Mendoza donde afirman que hay demoras de hasta tres meses a la hora de otorgar un turno.

“Las prestaciones que realice el PAMI deben basarse en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, y son consideradas servicios de interés público, tal como lo establece la ley 19.032 y que fuera reafirmado en la modificación de la ley 25.615”, expresó Thomas.

Al respecto, explicó las consecuencias de estas disposiciones en relación a las denuncias en la dependencia provincial del PAMI. “En el caso de Mendoza existe una doble irregularidad. Por un lado la inherente a la funcionalidad del organismo, que son las fallas y las demoras en las prestaciones y la otorgamiento de los turnos médicos, violando lo dispuesto por la ley que regula su desempeño. Por otro lado, la responsabilidad por parte del Estado, ya que al ser un tema de interés público este debe responder a través de los funcionarios competentes a tal caso. En este caso, el director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Cesare”.

En tanto, argumentó que “en la página oficial del PAMI, existe un apartado titulado Derechos y Obligaciones donde se afirma que los beneficiarios tienen derecho a tener un turno con el médico de cabecera dentro de las 48 hs. y con especialista dentro de los 7 días de solicitarlo”. Además, explicó que “otro de los derechos afirma que los beneficiarios podrán ser visitados por el médico de cabecera en su domicilio, en caso de estar imposibilitado para deambular dentro de las 72 hs. de solicitada”.

“Resulta altamente contradictorio que el mismo organismo que dicta estas normas tarde hasta tres meses en otorgar un turno. Y no sólo es contradictorio, va contra lo establecido en la ley, ya que como se especifico antes, las prestaciones son de interés público, y atentar contra cualquier acción que sea considerada de esa manera está fuera de toda ley”, expresó Thomas.

“Esto hace ineludible la responsabilidad del Estado a la hora de dar respuestas concretas y solucionar tales irregularidades. Por eso es que instamos para que a través del director ejecutivo del PAMI se expliquen las casusas de las demoras y que se resuelva el problema urgente de los beneficiarios. Ante lo dispuesto por ley no puede haber excusas sino respuestas y responsabilidad para su cumplimiento”, enfatizó.

Por último, hizo hincapié en la precaria situación económica y de salud en que se encuentran los beneficiarios que no son atendidos como corresponde. “Más allá de las consideraciones jurídicas, que justifican largamente este pedido de informes, resulta altamente relevante la cuestión humana. Porque los afectados aquí son los jubilados, las personas mayores que acuden al PAMI por ser víctimas de alguna enfermedad. Esto es una agravante de la situación ya que se trata de personas en muchos casos desprotegidas, con problemas económicos, que debe superar obstáculos con consecuencias enormes para su condición de salud en la mayoría de los casos endeble”.