En una sesión especial y para cerrar el período ordinario, el pleno de la Cámara alta se encuentra reunida desde las 12.50 para debatir la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece una reforma bursátil, mejor conocida como Ley de Mercado de Capitales, que ya cuenta con el aval de Diputados. Además, tratan una prórroga sobre el impuesto de los cigarrillos y posiblemente la recuperación de la confitería El Molino.

La iniciativa propone una reforma de la ley 17.811 que data de 1968, y establece los parámetros para regular la oferta pública de valores negociables y los agentes bursátiles. Actualmente, los operadores de mercado de controlan a sí mismos pero el espíritu del proyecto es eliminar dicha autorregulación.

De esta manera, se incrementa la presencia del Estado en el Mercado de Capitales, promueve la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, protege a inversores minoristas y propicia un mayor número de agentes de mercado.

Así lo hizo saber el senador kirchnerista Aníbal Fernández aseguró que el espíritu de la ley es “regular la oferta y organizar el sistema financiero”, vale decir la presencia estatal en el sector económico posicionando al Estado como “promotor y generador de un nuevo instrumento del mercado”.

Además, el proyecto de ley busca cooperar con la Unidad de Investigaciones Financieras y el Banco Central, incluye a las universidades públicas como calificadoras de riesgo, e insta a “federalizar” el sistema, mediante la apertura de dependencias de la CNV en el interior del país.

Con el objetivo de fortalecer el modelo federal, Fernández sostuvo que la legislación establece la “interconexión” entre los inversores del interior del país para que “participen en forma equivalente”. En este sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, sintetizó las dos cuestiones: “El Estado garantizará los ahorros con una regulación del CNV. Va a tener una fortísima intervención federal, ésta es la cuestión central”.

Por su parte el senador radical Gerardo Morales aseguró que su bloque rechaza la iniciativa, a pesar de que la acompañó en general en Diputados, por el acelerado tratamiento en Comisión el pasado jueves y la adhesión de un texto al escrito original. Además, desestimó las expectativas de Fernández en cuanto al beneficio que podrían percibir las provincias: “El actual sistema económico es macrocefálico y descuida las economías regionales”.

Si bien reconoció que se establecen nuevos instrumentos, opinó que los verdaderos factores que determinan el incremento del mercado de capitales son “una menor inflación, sincerar los datos del Indec y la seguridad jurídica”.

El senador Jaime Linares adelantó que el FAP acompañará el proyecto en general por compartir los objetivos, pero en particular rechazará el artículo 20 que fija las atribuciones de la CNV como ente de control. Desde su punto de vista, explicó que lo consideran “inconstitucional” y aconsejaron que debe constituirse como un organismo “autárquico, independiente del Ejecutivo”.

Desde el peronismo disidente la negativa se manifestó a través del senador Juan Carlos Romero quien criticó al Gobierno por las cuestionables estadísticas del Indec, como lo señalaron también los radicales. “El modelo está equivocado, se agotó”, determinó el salteño. Valiéndose de datos numéricos, explicó que “Argentina recibe solamente el 0,3% de inversión de América Latina” y registró una fuga de capitales de 21 mil millones de dólares en los que va del año.

“No supimos darle la oportunidad atractiva a los inversores”, opinó Romero en cuanto a la opción por el dólar en lugar de apostar a la divisa nacional y criticó la creación de calificadoras de riesgo estatales: “Podemos tener la calificadora de riesgo estatal más grande del mundo pero no nos va a creer nadie, porque no funciona así”.

Su par, Sonia Escudero, también compartió los “objetivos nobles” de la iniciativa aunque señaló que la forma de redacción del texto no se condice con tales metas. La senadora argumentó que es necesario contar con “confianza monetaria y jurídica” para fomentar el crecimiento del mercado de capitales, a su criterio hoy imposibles debido a la inflación y a la falta de “certidumbre sobre las reglas de juego”.

Asimismo, como el resto de sus pares criticó las atribuciones que se le otorga a la CNV en el artículo 20: “Contiene un exceso de poder que viola la garantía constitucional. De la misma manera se expresó Liliana Negre de Alonso quien opinó que de sancionarse se reglamentaría “la suma del poder público” y denunció el “avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial” por contradecirse con la ley de sociedades.