Últimamente los conflictos políticos en Argentina se dirimen en la Justicia.

Una lluvia de pleitos inundó los tribunales por el “corralito”, los reajustes de haberes de los jubilados y las enfermedades y accidentes de trabajo. Las numerosas denuncias de corrupción que llegan hasta el vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, la reincorporación del procurador Sosa en Santa Cruz y el 7D, que involucra al grupo Clarín, esperan respuestas de los jueces.

A nivel internacional por la contaminación del Paraná y la protesta de Gualeguaychu perdimos un juicio en la Corte de La Haya; el juez Thomas Griesa de EEUU nos tiene en vilo por la deuda que reclaman los llamados “fondos buitres”; un tribunal de Ghana nos tiene embargada la Fragata Libertad, por lo que hemos recurrido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y tenemos varios pleitos en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

El conflicto que tiene el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, con el gobierno Nacional ha hecho que esta provincia haya demandado a la Nación por la deuda previsional; y que, con la aprobación de la Legislatura, el gobernador haya denunciado el Acuerdo firmado el 2 de septiembre de 1992 entre el Gobierno Nacional y de todas las provincias por el que éstas le cedían el 15% de la coparticipación federal al Gobierno Central, y se lo haya notificado a todos los signatarios de este acuerdo.

Como la Nación hizo caso omiso de este acto jurídico y no giró el referido porcentaje de la coparticipación a Córdoba, se espera que la provincia interponga ante los tribunales la acción judicial correspondiente.

Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se adelantó a ello y ha incoado el 27 de noviembre una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de Córdoba pidiendo que se declare inconstitucional la ley provincial que hace tres meses estableció una tasa que grava a los combustibles con destino a la red vial.

Lo ideal es que lo político se resuelva en los órganos políticos y se discutan en las instancias legislativas, pero como el diálogo y el debate han sido sustituidos por la confrontación, las instancias judiciales se tornan imprescindibles.

Que podemos concluir de todo esto:

1. Córdoba espera que la Corte Suprema le obligue a la Nación a abonarle lo convenido con destino a la Caja de Jubilaciones, en el juicio en que dicho tribunal llamó a una audiencia de conciliación y los representantes de la Nación se negaron a acordar.

2. Que el Alto Tribunal desestime la acción por la inconstitucionalidad de la ley provincial que crea el impuesto a los combustibles, más allá que el mismo sea inequitativo ya que grava por igual a los que cargan combustibles en vehículos caros y baratos, ya que la Nación omitió recurrir ante la Comisión Federal de Impuestos –como indica la ley 23.548 de coparticipación federal (Art. 11 Inc. c)-, y por no invocar ningún perjuicio que justifique dicha demanda.

3. Como lo han hecho ya otras provincias, Córdoba tendrá que demandar también al Gobierno Federal para que se le liquida el 15por ciento de la coparticipación federal, desde que denunció el Acuerdo.

Córdoba, Noviembre de 2012.

*Es profesor Emérito de la UNC y catedrático de Derecho Constitucional de la UCC, fue diputado de la Nación.