A raíz de la polémica que desde hace rato gira en torno al estado de los distintos caminos en toda la Provincia, la Coalición Cívica bonaerense realizó un pedido de informes para que el Ejecutivo de cuenta del estado de la Autopista La Plata – Buenos Aires y las rutas 2 y 11, entre otras. Reclaman la concreción de obras de infraestructura prometidas, tras la autorización de aumentos en los precios de los peajes.

El pedido de informes se produce en momentos en que expertos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) advirtieron que la Autovía 2 tiene más de la mitad de su recorrido con “calzada irregular”, le faltan barreras de contención en las curvas y hay presencia de pozos peligrosos, en especial en dirección hacia Mar del Plata.

Los diputados provinciales de aquel partido, Walter Martello y Oscar Negrelli advirtieron sobre “manejos muy poco claros” de las concesiones viales. “Hay trascendidos sobre un posible desembarco del empresario Eduardo Eurnekián en reemplazo de la firma Coviares en la Autopista La Plata – Buenos Aires, que podría recibir una indemnización millonaria o algún tipo de beneficio por la deuda que mantiene con el Banco Provincia”, advirtieron.

En ese sentido, detallaron que “un proceso similar ocurrió con concesión de las rutas 2 y 11, cuando se le abrió las puertas a Eurnekián, que se hizo cargo de la indemnización a la concesionaria anterior a cambio de que se aumentarán considerablemente los peajes. Además, el año pasado, la Provincia también habilitó el ingreso del empresario del juego Cristóbal López que actualmente controla el 20% de la UTE que administra las rutas del Atlántico”.

“Desde que la Provincia se hizo cargo de la concesión de la autopista La Plata -Buenos Aires lo único que se hizo fue aumentar el precio de los peajes. Está demostrado que la empresa Coviares incumplió sistemáticamente, durante años, con las obras que debería haber realizado, como la construcción del tercer carril. Y nada indica que Eurnekián o las otras empresas que forman parte del Club del Peaje vayan a cambiar la situación, como no lo hicieron en las rutas 2 y 11. Lo que fracasó fue el modelo de concesión, que fue hecho en los noventa para favorecer a las empresas amigas del poder, a costa de la seguridad de los usuarios viales”, remarcaron.

Otro punto en el que hacen hincapié los legisladores es en el tema de las obras de infraestructura, ya que “a esta altura resulta inadmisible que luego de 23 años de concesión privada, aún no estén concluidas las obras para transformar la Ruta 11 en una autovía”. “Se le debe exigir al gobierno nacional -varias rutas nacionales atraviesan por el territorio bonaerense- que destine la recaudación del impuesto a los Combustibles, unos 18 mil millones de pesos, a infraestructura vial ya que actualmente solamente se invierte el 4% de ese gravamen a la Dirección Nacional de Vialidad”, explicaron, recordando por último una cifra: “en la Provincia se producen más de 2500 muertes por año en accidentes de tránsito, y la tendencia va en crecimiento. Los especialistas atribuyen esta situación, en gran parte, a las deficiencias en la infraestructura vial y a la falta de inversiones”.