El diputado nacional Jorge Mario Álvarez presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, solicitando se investigue al juez federal Marcelo Bailaque.

Motivaron su presentación dichos de los fiscales federales Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari, quienes cuestionaron en duros términos, el accionar del magistrado, el cual, entre otras irregularidades, les habría negado medidas procesales requeridas en distintas causas penales relacionadas con la investigación del narcotráfico, desconociendo, aparentemente, atribuciones de la fiscalía, para investigar en la esfera de su competencia.

Para Alvarez, “la gravedad de los hechos amerita una urgente intervención del Consejo de la Magistratura”, que en ejercicio de su potestad disciplinaria, debe evaluar el sustento fáctico y jurídico de la denuncia formulada por los fiscales, quienes afirmaron, entre otras cosas, que el accionar del Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de Rosario, a cargo del doctor Bailaque, “contribuye a la pérdida de pruebas necesarias para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico que asuelan a nuestra ciudad”.

Alvarez agregó que las dificultades surgieron cuando los fiscales solicitaron al juez unificar causas relacionadas con el narcotráfico, con intenciones de encontrar conexidades y el juez se los negó, argumentando que esto no era apto para sus funciones, sino solo realizable por un magistrado. Los fiscales consideraron que la respuesta constituía un contrasentido, ya que les niegan la posibilidad de estructurar sistemas investigativos, pero a la vez los dos juzgados penales de la ciudad renuncian sistemáticamente a investigar, trasladando este cometido a los fiscales.

Para Álvarez, “la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que tiene entre sus competencia proponer al plenario, sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, debería emitir dictamen con la urgencia que el caso requiere, para que el Consejo de la Magistratura, reunido en sesión plenaria, decida o no la apertura del sumario, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordene de corresponder, la remoción y/o suspensión del magistrado”.