El 25 de abril de 2013 quedará en los anales de la historia argentina como una fecha nefasta. En la madrugada de ese día el Congreso Nacional avanzó de un modo inédito en las últimas décadas sobre la independencia del Poder Judicial.

El retroceso institucional que vivimos es el más profundo desde el advenimiento de la democracia, a fines de 1983. Jamás se nos hubiera ocurrido, en medio del fervor democrático y republicano de aquellos días, que la propia democracia pudiera ir deteriorándose desde adentro como lo comprobamos en estas jornadas.

He expuesto ya por qué considero que estas leyes de la impunidad –me refiero a las tres que importan, ya que las otras no son más que el envoltorio amable de la daga- son por su contenido inconstitucionales. Quiero detenerme ahora en el procedimiento. En el Estado de Derecho las formas son tanto o más importantes que el fondo. Quien habla despectivamente de la “democracia formal” es, sin dudas, por lo menos un autoritario y muy probablemente un fascista.

Que un paquete de leyes de tamaña importancia haya sido tratado con la celeridad que puede esperarse de una declaración de interés de cierta fiesta provincial del rabanito, nos indica con claridad qué rol y qué trascendencia le asigna la presidente de la Nación al Poder Legislativo. Ni los propios legisladores oficialistas sabían muy bien qué debían votar. La orden era no tocarles ni una coma a los proyectos. Fueron en vano los intentos de plantear las muy serias objeciones constitucionales que hicieron los bloques opositores y la comunidad jurídica en general. Sólo se admitió una leve modificación planteada por una ONG que consideran propia tropa, el CELS. Pero aún en este caso el vocero de la entidad, Horacio Verbitzky, se trenzó en un debate con el Secretario de Justicia, no tanto sobre las bondades de una u otra opinión, sino más bien sobre cuál de ellas representaba mejor la visión de la presidente de la Nación.

La cereza del postre fue la escandalosa votación en la Cámara de Diputados. Como el kirchnerismo dudaba de contar con los votos suficientes para todos los artículos en particular respecto del proyecto sobre el Consejo de la Magistratura, pretendió primero que se votara en general y en particular simultáneamente, en una abierta violación reglamentaria. Más tarde, al aprobar el artículo 2º, que se refiere a la integración del nuevo Consejo “democratizado”, el tablero indicó que se habían obtenido 128 votos, es decir, uno menos que los necesarios. Entonces, dos diputados señalaron que no habían quedado registrados sus votos y se les permitió votar nuevamente, con lo que se llegó a 130 voluntades. La oposición va a plantear la nulidad de la ley. Es dudoso que la justicia acoja esa pretensión, porque tradicionalmente ha considerado al procedimiento de formación y sanción de las leyes como una cuestión política no justiciable, aunque esa doctrina comenzó a cambiar hace unos 20 años y la Corte actual declaró la invalidez de una sesión del Senado en 2007.

A las groseras inconstitucionalidades del contenido, se han sumado las irregularidades del procedimiento. Muchos argentinos han de pensar, al ver tan pisoteada a la República, lo mismo que el fantasmagórico ministro de Economía, Hernán Lorenzino: “Me quiero ir”.

Sin embargo, no es tiempo de perder la esperanza en alumbrar un prvenir venturoso, porque mientras más oscura sea la noche, más cerca está el amanecer.

Como bien señaló nuestro querido Papa Francisco a Cristina Fernandez en una carta que ésta aviesamente ocultó, tengamos fe en “los hijos de esas queridas tierras argentinas, que se esfuerzan cada día por dar lo mejor de si mismos a la patria que los vio nacer y anhelan ser protagonistas de un presente sereno y constructores de un futuro luminoso, en donde el amor recíproco sea la puerta que abra a la esperanza y a la mutua confianza, al respeto recíproco y a la colaboración generosa”.

Dr. Jorge R. Enríquez
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